Los principales desafíos de la negociación colectiva en el sector; la reforma del Código Penal y la responsabilidad del empresario y administradores, y la Ley de Transparencia han sido los tres grandes que se han expuesto durante la jornada.
En primer lugar, ha intervenido José Manuel Pereira, asesor la laboral de la CETM, que efectivamente ha dejado claro que la negociación colectiva se ha convertido en un auténtico desafío para las partes implicadas en la misma (históricamente siempre ha sido así). Con todo, Pereira ha hecho una retrospectiva sobre todo lo relacionado con este tema a lo largo de los años y las distintas ordenanzas laborales, convenios colectivos o acuerdos generales que han regulado el sector del transporte de mercancías por carretera en esta materia.
Por otro lado, José Manuel Pereira se ha referido a la próxima negociación del III Acuerdo General, que se prevé larga y dura, si bien en este caso “tenemos que intentar, entre otras cuestiones, que sean tratados algunos temas que no fueron desarrollados por la comisión paritaria del II Acuerdo, como la pretensión sindical de establecer una regulación de la subrogación empresarial en caso de cesión de una actividad, o la necesidad de pactar un protocolo de actuación para los supuestos de ingestión de bebidas alcohólicas”.
Tras la alocución de José Manuel Pereira, ha tomado la palabra Juan Casanueva, abogado de ONTIER, quien ha explicado algunas de las líneas maestras de la reforma del Código Penal, refiriéndose más concretamente sobre la situación actual del “Compliance” (implantación de determinados procedimientos que garanticen el comportamiento interno y externo de las empresas a modo de código ético) tanto en el ámbito de la responsabilidad penal como en el ámbito del gobierno corporativo a la luz de las nuevas modificaciones legales introducidas en nuestro sistema legal, así como su implantación, efectiva aplicación y posibilidades de mejora en el seno de las sociedades mercantiles.
A continuación, Ramón Ruiz, abogado del mismo despacho, ha mencionado las posibles mejoras en materia de “Compliance” Penal y “Compliance” Corporativo, además de tratar los aspectos novedosos y controvertidos en materia de responsabilidad de los Administradores de las empresas.
José Ramón Alvarez, también abogado de ONTIER, ha disertado sobre la Ley de Transparencia, aprobada en diciembre de 2013 por el Gobierno, que tiene por objeto incrementar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.
En este sentido, José Ramón Álvarez ha explicado que también determinados sujetos privados están obligados a cumplir con la misma, como pueden ser las organizaciones empresariales como la CETM, o aquellas entidades privadas que sean subvencionadas en el periodo de un año por una cuantía de más de 100.000 euros o que el 40% del total de sus ingresos anuales provengan de dichas ayudas.
Ovidio de la Roza, presidente de CETM, y Emilio Sidera, subdirector general de Ordenación y Normativa, de la Dirección General de Transportes del Ministerio de Fomento han sido los encargados de clausurar el acto.
De la Roza se ha referido en gran medida a las dos últimas reformas en el sentido de que “se trata de un proceso que ojalá sirva para evitar malas prácticas, pero no deja de ser una carga más para las empresas”.
Por su parte, Sidera ha destacado lo oportuno de la jornada por la trascendencia de los temas tratados y su relevancia desde la óptica de la normativa del transporte.
Relacionado con ello, se ha referido a la modificación de la Ley de Ordenación de los Transporte Terrestres (LOTT) y más concretamente a los requisitos sobre el acceso mercado y mantenerse en el mismo (competencia profesional, capacidad financiera y honorabilidad), deteniéndose en gran medida en este último en el sentido de que “se trata de un tema sensible, ya que, al igual que los temas tratados en la jornada, está de alguna manera relacionado con la responsabilidad social de la empresa y la responsabilidad penal del empresario y administradores, elementos básicos a tener en cuenta con el cumplimiento de dicho requisito”.