Esta es la quinta vez que el Gobierno francés intenta establecer la imposición de una tasa a los camiones por el uso de las infraestructuras que transiten por su territorio, después de los sucesivos aplazamientos llevados a cabo en 2013, 2014 y su posterior suspensión en 2015, tras las movilizaciones llevadas a cabo por transportistas y agricultores franceses.

Se teme que España sea uno de los países europeos más afectados por la ecotasa, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los flujos de transporte de mercancías por carretera con origen o destino la Unión Europea han de utilizar de forma obligatoria la red vial francesa, por la que transitan más de 100.000 camiones españoles que hacen tráfico internacional. Además, la mayoría de los productos españoles que se exportan tienen un bajo valor intrínseco, por lo que establecimiento de una tasa provocaría un aumento del precio final de la mercancía, al situarla en los mercados centrales europeos.

Los transportistas españoles consideran que su sector ya aporta suficientes recursos a las arcas públicas francesas vía impuestos. El Gobierno francés acordó establecer el pasado año un impuesto adicional de cuatro céntimos por litro sobre los carburantes, en sustitución de la ecotasa, con el que se han recaudado más de 6.000 millones de euros al año.

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