El texto aprobado por el Senado francés es distinto al aprobado por la Asamblea Nacional (cámara similar a nuestro Congreso de los Diputados), por lo que la propuesta pasará a una comisión mixta, formada por siete diputados y siete senadores, que deberán decidir si la aprueban o no.

Si la citada comisión llega a un acuerdo, la Ley podría aprobarse antes del verano. Si no, la propuesta pasaría de nuevo a la Asamblea Nacional, por lo que la tramitación seguiría después del verano y la Ley no entraría en vigor hasta el año 2016.

Una vez termine el proceso legislativo y se publique la Ley Macron, está previsto que se apruebe un derecho en el que se fijen las condiciones de la atestación o certificación de la empresa, y la hipotética obligación de nombramiento de representantes en territorio francés, algo que quedó excluido de aplicación al transporte en el caso de la Ley alemana, que también obliga a los transportistas a demostrar que cobran el salario mínimo establecido en el país germano.