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Durante su intervención, Maja Bakran expuso que la propuesta presentada tiene por objeto proporcionar continuidad y seguridad jurídica a los operadores, garantizándose al mismo tiempo la seguridad del transporte, por lo que la Comisión Europea propone, a través de Ómnibus 2, que los certificados y las licencias que, de otro modo, habrían expirado entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de abril de 2021, sigan siendo válidos durante un nuevo periodo de prórroga de siete meses.
Dado que la situación en el terreno cambia de Estado miembro a Estado miembro, éstos no se enfrentan a las mismas dificultades, ni éstas se presentan con la misma intensidad, también se plantea la posibilidad a los Estados miembros de no acogerse a la prórroga propuesta. Además, se contempla la posibilidad de que algunos Estados miembros pudieran necesitar una prórroga más extensa que la propuesta. Por esta razón, los Estados miembros podrán enviar a la Comisión Europea una solicitud justificada para pronunciarse de manera individual sobre la propuesta Ómnibus 2 hasta el próximo 1 abril.
Así, a partir de la cooperación estrecha con los Estados miembros, se propone permitir una nueva prórroga temporal de la excepción propuesta durante la pasada primavera por Ómnibus 1, a 15 actos jurídicos, para cubrir un nuevo período de referencia de siete meses para las licencias y certificados que habrían expirado entre las fechas anteriormente citadas. En este sentido, se busca abordar los problemas en los Estados miembros, buscando un efecto jurídico similar al original de Ómnibus 1, que respondía a la situación extraordinaria de pandemia en que se encontraban Europa y el resto del mundo.
Se estudia la posibilidad de prorrogar las licencias y certificados de transporte siete meses más
Los eurodiputados miembros de la C-TRAN han acogido con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea, apoyándola de forma generalizada en un momento en que la renovación de certificados y licencias puede resultar difícil para los operadores de transporte. La propuesta se estima, pues, necesaria para garantizar la actividad continuada de la administración y la industria del transporte, así como se estima adecuado el procedimiento de urgencia para su aprobación, con el fin de que los operadores puedan maniobrar con toda normalidad, ya que la economía lo necesita.
Las valoraciones de los miembros de la Comisión Europea
Johan Danielsson (Socialistas & Demócratas) se mostró de acuerdo con el calendario que había logrado la Comisión Europea e hizo referencia a la problemática de las asociaciones de conductores profesionales en Suecia, cuyo Gobierno ha introducido medidas estrictas al respecto y dos de los tres centros de formación del país han cerrado. De este modo, los transportistas suecos podrían ir perdiendo sus permisos a medida que vayan pasando los meses, en un momento en que cada vez se necesitan más conductores para garantizar el reparto de la vacuna contra la COVID-19.
Por su parte, José Ramón Bauzá Díaz (Renew) se refirió al grande impacto y los estragos causados en el sistema de transportes de la Unión Europea, también vinculado al sistema sanitario, que está provocando la tercera ola de la pandemia. Por este motivo, se estima fundamental que las medidas temporales adoptadas en mayo a través de Ómnibus 1 sean adoptadas por todos los Estados miembros para que no se produzcan discriminaciones de un Estado miembro a otro en materia de seguridad jurídica y del transporte.
En cuanto a la seguridad que aportarían los permisos prorrogados, Ciarán Cuffe (Verdes/Alianza Libre Europea) expuso que los Estados miembros cuentan con dos meses para renovar una licencia de conducción caducada, robada, o extraviada y que, entre tanto, los conductores deben registrar a mano sus horas de conducción y descanso. Plantea, así, que las suspensiones propuestas que dan lugar al registro manual sobre las horas de trabajo y descaso de los conductores, podrían dar pie a un abuso por declaraciones fraudulentas de los conductores, empujados por un “empleador sin escrúpulos”, sobre la desaparición de sus carnés de conducir. A este respecto, Cuffe plantea que se estudie el posible efecto de esta situación sobre la salud de los conductores.
La eurodiputada Kateřina Konečná (Grupo Progresista) expresó que la propuesta de la Comisión Europea se presenta como fundamental, al promover que la Unión Europea siga funcionando y que los medios de transporte continúen siendo seguros cuando los puestos de trabajo dentro del sector están en juego debido al virus. Así, planteó la posibilidad de que se posponga también la obligatoriedad determinadas formaciones dentro del transporte, teniendo en cuenta las posibles limitaciones del teletrabajo y la importancia de garantizar que los profesionales puedan cumplir con sus obligaciones. Finalmente, la ponente planteó la necesidad de que el sistema se adapte a la nueva situación para evitar tener que adoptar medidas “parche” cada cierto tiempo.
Tras las intervenciones de los europarlamentarios, y dada la urgencia de la situación, la Comisión Europea los animó a concluir los trabajos sobre el expediente lo antes posible, esperando que tanto el Consejo y como el Parlamento adopten la propuesta en un procedimiento de urgencia a lo largo de los próximos días.
Maja Bakran concluyó que la Comisión Europea ha conseguido encontrar un equilibrio en la propuesta presentada, al abordar un riesgo inmediato en la seguridad jurídica y viaria del transporte en la Unión Europea, y habiendo propuesto elementos razonables, teniendo en cuenta contexto actual. Sin embargo, también reconoce que el plazo de autoexclusión por parte de algunos Estados miembros puede presentar un riesgo evidente por la incertidumbre que ello supone, por lo que su aplicación debe decidirse con la mayor rapidez posible para evitar que se alargue una posible situación de incertidumbre jurídica.
