Desde 2016, se aplica la nueva regulación francesa sobre desplazamiento temporal de trabajadores en Francia (Ley Macron) que dicta que todas las empresas transportistas que se desplacen a dicho país para hacer transporte internacional o interior (cabotaje) deben llevar a bordo de sus vehículos la documentación obligatoria acreditativa de que el conductor asalariado percibe, al menos, el salario mínimo establecido en Francia. 

Ello debe justificarse mediante una declaración de desplazamiento que se tramita por vía electrónica, en la que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo.

Al amparo de esta regulación, el Ministerio de Trabajo francés aprobó en mayo de 2017 el establecimiento de una tasa de 40 euros por cada trabajador desplazado en territorio francés, que entraría en vigor en enero de este año, para compensar los costes de la puesta en marcha y funcionamiento del sistema informático de control de los trabajadores desplazados.

Pues bien, el pasado 9 de febrero, Francia ha dictado, por medio del Decreto 2018-82 la derogación definitiva de esta tasa, al considerar que su imposición "no está justificada" y se considera "una medida proteccionista" incompatible con la legislación europea, según se explica en el decreto.

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