La cuestión prejudicial es una consulta hecha al Tribunal Supremo de Justicia de Luxemburgo sobre cuestiones judiciales para interpretar la normativa europea.

Aunque todavía faltan uno o dos años para que el organismo se pronuncie al respecto, las probabilidades de que el fallo se resuelva a favor de los consumidores y, sobre todo, de los transportistas, aumentan. El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (nombre completo del llamado "céntimo sanitario") se grava desde 2002 a los carburantes (gasolinas y gasóleos) con una tasa de 2,4 céntimos aplicada a cada litro consumido a todos los usuarios, sean profesionales o particulares, pero que puede llegar a los 4,8 céntimos de euro.

En 2008, un dictamen elaborado por la Comisión Europea instaba al Gobierno español a que cambiara la legislación española al respecto al considerar que el mencionado impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, y encomendaba a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia, si no rectificaba en su planteamiento.

En el caso en que el citado Tribunal fallara a favor del consumidor y en contra de España, la medida tendría carácter retroactivo, por lo que los usuarios podrían exigir la devolución de lo tributado, siempre que presentaran las correspondientes facturas del combustible repostado y con la tasa aplicada.