REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El Tribunal belga de Justicia ha admitido a trámite y dado la razón a un transportista que interpuso una demanda por irregularidades en la gestión del sistema desarrollado por la empresa Satellic, encargada de cobrar los peajes implantados en el país. Además, el mismo tribunal ha condenado a la Administración a pagar 4.000 euros de multa por los daños causados, al estimar que esta práctica rebasa los límites de una política de control responsable con las garantías de un procedimiento sancionador justo.
El sistema implementado en Bélgica sigue los modelos del sistema de arcos que detectan el paso de vehículos equipados con un dispositivo, como los implantados en Alemania, Portugal o, dentro de nuestro país, en Guipúzcoa. Sin embargo, mientras que en otros países, la fiabilidad del sistema y el control de las autoridades no ha generado problemas de calado, en Bélgica la situación es distinta.
En líneas generales, la cantidad y variedad de problemas detectados es relevante, al afectar a cuestiones como el adecuado funcionamiento del dispositivo embarcado, el cálculo de peajes y su facturación, la devolución de dispositivos o la recuperación del depósito abonado para obtener el dispositivo cuando no se encuentra instalado de forma definitiva en el vehículo.
Una de las cuestiones que más polémica ha suscitado es sobre el control por parte de los agentes y el cumplimiento de las sanciones establecidas, aplicando, en algunos casos, un trato discriminatorio de las empresas transportistas extranjeras sobre las establecidas en Bélgica.
Las situaciones más graves se han producido en la región de Valonia, debido a la inmovilización de vehículos ante la presunta falta o irregularidad en el pago de la tasa kilométrica en las carreteras de la región. Esta situación ha sido denunciada al considerarla contraria a los principios jurídicos fundamentales, como son los de presunción de inocencia y proporcionalidad. Esta circunstancia se produce cada vez que los agentes de control exigen el pago en carretera de cuantías bastante elevadas, en ocasiones, bajo el apercibimiento de que, en caso de no querer pagar, se inmovilizará e lvehículo y se retendrá la documentación.