El problema estriba en la negociación de los convenios colectivos provinciales donde, tras años de reuniones, no se ha podido llegar a su firma y renovación, en más de una treintena de provincias.

Los sindicatos pretenden alcanzar un acuerdo para que no entre en vigor la denominada “ultractividad” el 8 de julio y, en consecuencia, sigan negociándose los convenios aunque no se haya llegado a un consenso. De no cerrarse las negociaciones en esa fecha, los convenios pendientes de firmar quedarán sin efecto.

La parte sindical quiere que se establezca la prioridad de los convenios colectivos frente a los convenios de empresa, petición imposible de cumplir por parte de la patronal, puesto que está expresamente prohibida por la última reforma laboral.

Las centrales sindicales han interpuesto una demanda ante el SIMA, de cuyos resultados informaremos en esta web.