La nueva reforma express que ha preparado la Diputación de Guipúzcoa consiste en establecer dos nuevos pórticos de control de pago de peaje (en Astigarraga y Andoáin) y ampliando el tramo que se cobra, para tratar de camuflar el "carácter discriminatorio" de la actual regulación del peaje, razón que alegó la justicia vasca para tumbar el canon.

Durante la tramitación del nuevo proyecto de norma foral en las Juntas Generales de Guipúzcoa, tanto el Partido Popular como EH Bildu han defendido sendas enmiendas a la totalidad, pidiendo la devolución de lo pagado a la Diputación Foral. Sin embargo, el Gobierno foral, formado por la coalición PNV-PSE, tiene intención de ponerlo en marcha a principios de 2019, sin esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo y resuelva el conflicto.

El peaje vasco afecta más de 10.000 camiones que transitan cada día por la A-15 y la N-1

Pese a que el peaje guipuzcoano sólo a camiones fue declarado ilegal, la Diputación de Guipúzcoa ha decidido mantenerlo vigente hasta el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso de casación interepuesto tanto por el Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Así se mantendría el dinero que la administración vasca está ingresando desde comienzos de año a costa de los transportistas, aún a riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Supremo confirme su ilegalidad.

El pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en enero por la Diputación Foral de Guipúzcoa, y que afecta a más de 10.000 camiones que pasan cada día por ambas vías, principalmente a los transportistas de larga distancia que las utilizan como tránsito obligado hacia el resto de Europa.