REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Un sencillo gesto, como es parar en una estación de servicio y repostar un vehículo es un acto de contribución al Estado y a las comunidades autónomas, aunque en muy pocas ocasiones se sea consciente de ello. Los carburantes son una importante fuente de ingresos para cualquier administración, al nutrir sus arcas con los repostajes que hacen todos los días miles de veces los automovilistas.
En concreto, la Agencia Tributaria recaudó, entre enero y octubre de 2017, casi 9.300 millones de euros sólo con el impuesto de hidrocarburos, lo que supone un 4,5% más que en el mismo periodo de 2016. De esta cantidad, el Estado se llevó casi 3.700 millones de euros, las comunidades autónomas más de 5.400 millones y 106 millones las corporaciones locales (diputaciones y cabildos). Además, los datos del Boletín Petrolero de la Comisión Europea colocan a nuestro país como el octavo Estado miembro con el gasóleo más caro antes de impuestos, con un precio de 57,1 céntimos de euro.
Con la tasa impositiva, las cosas cambian y suben de forma considerable. En España, el gasóleo se encarece un 99% (es decir, prácticamente se duplica) al aplicarle los correspondientes impuestos. No es una circunstancia particular de nuestro país: en el conjunto de la Unión Europea el precio sube un 131% y en el de la zona euro lo hace un 130%. ¿Qué conclusión sacamos de esto? Que repostar le sale muy bien a las Administraciones Públicas, y que no estamos solos en eso que se conoce como presión fiscal, porque hay países que todavía pagan más.
La puntilla al sector
Para sectores de actividad económica que tienen el gasóleo como uno de sus principales gastos (el transporte por carretera es uno de los más paradigmáticos), una subida de impuestos a este carburante puede tener consecuencias irreversibles, máxime teniendo en cuenta la escasa capacidad que tiene el transporte español de trasladar a sus clientes los vaivenes de costes que provoca un bien tan inestable como éste.
Asociaciones de transporte nacionales, como la CETM, pero también territoriales, como Froet (Murcia) y Fegatramer (Galicia) han explicado las repercusiones que tendrá en las pequeñas y medianas empresas una equiparación del impuesto del gasóleo con el de la gasolina, tal y como pretende el Gobierno central.
La Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia ha advertido de que una subida de impuestos de hidrocarburos supondría un golpe mortal para el sector, ya que sería incapaz de asimilarlo, según su secretario general, Manuel Pérezcarro.
Teniendo en cuenta las primeras estimaciones realizadas, las empresas de transporte tendrían que subir un 15% sus tarifas para poder asumir el efecto de este hipotético incremento, porcentaje que tendrían que trasladar a sus clientes en un momento en el que los márgenes están ya muy ajustados ha asegurado Pérezcarro.
En su opinión, esta hipotética subida anunciada sería una puntilla al sector, ya que el margen que queda ahora a las empresas es muy estrecho y cualquier incidencia en el precio del gasoil volcaría esos márgenes de manera negativa.
La federación regional de transporte de Murcia tiene intención de crear una mesa técnica que estudie el efecto de la subida del impuesto a los combustibles fósiles en la región, iniciativa que el grupo político Ciudadanos ha presentado en la Asamblea Regional. Para Pérezcarro, cualquier iniciativa que sea capaz de hacer que el legislador, antes de tomar una decisión, conozca la situación del sector y sus repercusiones, siempre es positivo.
La misma situación se da en Galicia, donde la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) considera que, si se concreta la subida de los impuestos al gasóleo, una parte importante de las empresas de transporte en Galicia se verían abocadas al cierre y otras muchas tendrían dificultades para mantenerse en el mercado, sobre todo las más pequeñas y las de transporte ligero.
Por eso, han pedido al Gobierno que reconsidere estos planes y, como mal menor, que se mantengan las bonificaciones para el gasóleo profesional para todos los transportistas, en las que se incluyan estas nuevas subidas, independientemente de la masa máxima autorizada de los vehículos con los que se trabaje (los de menos de 7,5 toneladas quedan fuera), que las devoluciones/recuperaciones del impuesto, aunque las empresas se verían igualmente perjudicadas, porque se verían obligadas a adelantar el precio debido a esta subida del impuesto del gasóleo un 31%, aunque se produzca de forma escalonada.
Como quedaría el precio
Teniendo todo esto en cuenta, una subida de 9,5 céntimos en los impuestos al gasóleo (dentro del plan del Gobierno de equiparar los impuestos especiales) se traduciría en un aumento en el precio por litro del diésel, que pasaría a estar gravado de 30,7 céntimos por litro a 40,25 céntimos por litro.
De esta manera, la recaudación aumentaría en, aproximadamente, unos 2.000 millones de euros. Por el contrario, esta subida implicaría un grave perjuicio para muchos sectores productivos del país, el transporte entre ellos. Para Fegatramer, sería imprescindible, como mal menor, mantener el gasóleo profesional y ampliarlo a todos los tipos de vehículos de transporte, independientemente de su masa máxima autorizada. También habría que estudiar compensaciones por el pago anticipado de estos impuestos por parte de las empresas de transporte, que se convertirían en una especie de financiadores del Estado, al anticipar un impuesto que luego se les devolverá, pero meses más tarde.
Para Fegatramer, este hipotético escenario llevaría al sacrificio a una gran parte de empresas del sector del transporte público de mercancías por carretera españolas, sobre todo las pymes, autónomos y, especialmente, el segmento del transporte ligero y de distribución. Por lo tanto, afectaría de forma muy importante a la competitividad de los productos españoles, que llegan a los mercados casi siempre a través del transporte por carretera. De hecho, un 89% de las mercancías que se mueven en España lo hacen gracias a la flota de transporte público de las empresas de todo el país.
De todos es sabido que los carburantes son una importante fuente de ingresos para la Administración, que nutre sus arcas con los repostajes que tanto profesionales como particulares hacen día tras día con sus vehículos. Para Fegatramer, la carga impositiva que soportan los carburantes ya es suficientemente significativa como para seguir incidiendo en ella. Parece que para los sucesivos gobiernos es un recurso sencillo y fácil cargar, cada vez más, a un sector como es el transporte de mercancías por carretera con nuevas tasas e impuestos (como ejemplo, el despropósito de los peajes en Guipúzcoa), pero sin pensar en lo que puede ocurrir si el transporte público de mercancías por carretera, es decir, los camiones, el día de mañana no quieren o no pueden salir a la carretera y, por lo tanto, a prestar sus servicios a hospitales, gasolineras, grandes superficies comerciales y de alimentación, etc.
También los autónomos
De igual forma, la subida de impuestos al gasóleo afectaría, y mucho, a los miles de transportistas autónomos que hay en España. Para la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), esto sería un duro palo para muchos autónomos que utilizan este carburante como principal materia de su actividad. Lo que seriamente preocupa a la asociación, al suponer un importante aumento de los costes que, en muchas ocasiones, no pueden repercutir y terminan asumiendo, como así ocurre en el transporte de mercancías por carretera, pero también en el de miles de profesionales que, sin ser transportistas, utilizan un vehículo comercial para trabajar y que no se pueden beneficiar del gasóleo profesional.
Por eso, la asociación ha pedido a las autoridades que extienda esta figura a otros colectivos, como taxistas, repartidores, conductores de ambulancias, agentes comerciales, así como aquellos que tienen un vehículo profesional.
Guerra al diésel
Pero más allá de los planes del Gobierno respecto al impuesto de Hidrocarburos, existe otro frente abierto en el Ejecutivo, que es la transición energética, de los actuales combustibles fósiles a otros alternativos. En este sentido, varias son las organizaciones que han pedido al nuevo Gobierno que recapacite antes de emitir mensajes como que el diésel tiene los días contados y que su impacto en la calidad del aire es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida, como expresó la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Por eso, la patronal de los concesionarios de automoción (Faconauto) cree precipitado que el Gobierno sentencie públicamente una tecnología como el diésel, que está siendo usada por millones de españoles en la actualidad, que forma parte de los vehículos que se producen en las fábricas de nuestro país y que se venden en los concesionarios.
Por eso, Faconauto cree imprescindible que antes de dar por muerto el diésel, el Gobierno lidere ese proceso hacia la descarbonización de la movilidad, que debería ser progresivo, ordenado y que pasa por poner en marcha medidas concretas que den una alternativa real a la movilidad de los ciudadanos.
Respecto al diésel, la patronal recuerda que, desde el punto de vista tecnológico, no es comparable el gasóleo que incorporan los últimos motores Euro 6 comercializado, que son muy eficientes en cuanto a emisiones, y la tecnología diésel de vehículos con más edad, un argumento que también defienden los fabricantes de vehículos comerciales e industriales.
Una imprudencia del Gobierno, para la CETM
La Confederación Española de Transporte de Mercancías quiere manifestar que está harta de que, desde el Gobierno, se planteen, de forma periódica, la puesta en marcha de nuevos impuestos que afectan a la actividad del transporte y que, sin duda, también repercutirían de forma negativa en el conjunto de la economía española.
En su opinión, es difícil de entender por qué el Gobierno se empeña en poner en marcha políticas fiscales que se ceban sobre un sector de actividad que no sólo es un importante generador de riqueza y empleo, sino que juega un papel estratégico como engranaje para el correcto funcionamiento de la industria, el turismo y el comercio.
La CETM cree que poner barreras al desarrollo del transporte de mercancías por carretera, que paradójicamente, ya es uno de los sectores de actividad que mayores cargas impositivas soporta, es una imprudencia que la economía española no puede permitirse ni este sector aceptar.
Los fabricantes de vehículos piden moderación
La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones alerta de las consecuencias que las manifestaciones del nuevo Gobierno (en el que ha declarado que el diésel tiene los días contados) pueden tener para el empleo y la producción de vehículos en España, que representa el 10% del PIB y da empleo al 9% de la población activa.
En una reunión con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, y el vicepresidente ejecutivo, Mario Armero, le presentaron la estrategia de la industria de la automoción, que consiste en un nuevo modelo de movilidad y bajas emisiones, en atacar el envejecimiento del parque automovilístico y en desarrollar el mercado para el vehículo alternativo.
Para ello, los miembros de la asociación propusieron medidas concretas, como la normativa del gestor de carga o la puesta en marcha del programa VEA de estímulo a la compra de vehículos híbridos, eléctricos y de gas.
Se mantiene la devolución del gasóleo profesional
Para los transportistas profesionales, el Estado mantiene la actual diferencia de un euro, a obtener entre 306 euros marcados en la regulación y el tipo estatal general, establecido en 307 euros, a la que se suma la cantidad de 48 euros del tipo estatal especial del tramo autonómico y que se integran en dicho tipo estatal especial.
Sólo con la modificación de la estructura del impuesto, introduciendo en el tipo estatal especial los 48 euros procedentes del tipo autonómico de forma única para todas las comunidades autónomas, la devolución máxima del gasóleo profesional se mantiene en los actuales 49 euros por mil litros.
El efecto negativo real de esta nueva composición de la estructura del impuesto se verá reflejado en la repercusión sobre los vehículos de menos de 7,5 toneladas, cuyos repostajes se hacían en alguna de las comunidades autónomas donde el actual tipo autonómico se encontrase por debajo de los 48 euros por mil litros, o donde no se aplicaba el tipo autonómico.
Nuevo etiquetado de carburantes
El 12 de octubre ha entrado en vigor la nueva normativa europea sobre etiquetado para carburantes y vehículos (Directiva 2014/94/UE) que pretende mejorar la información a los consumidores debido a la gran variedad de combustibles existentes.
El estándar UNE-EN 16942, publicado por la Asociación Española de Normalización (UNE), indica cómo deben ser las nuevas etiquetas y dónde deben estar colocadas, así como las guías explicativas para usuarios y agentes.
La norma es un estándar de origen europeo, que especifica 13 etiquetas distintas para cada tipo de combustible, desde los derivados de petróleo hasta los biocombustibles, pasando por el gas natural, los gases licuados de petróleo, el hidrógeno y sus mezclas.
Revista Transporte Profesional
Número 389 - Septiembre 2018
Este artículo completo ha sido publicado en la revista Transporte Profesional
Número 389 - septiembre 2018