
La propuesta de reforma del sector de la estiba fue aprobada por unanimidad entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidos Podemos). La proposición no de ley presupone un respaldo político para las próximas acciones previstas por el Ministerio de Fomento, cuyo fin es apurar los plazos para culminar la liberalización del sector de la estiba que puso en marcha el anterior gobierno del PP, con la aprobación del Decreto Ley para modificar las condiciones de contratación de los estibadores.
Entre las tareas pendientes para completar el proceso se encuentran la aprobación del Real Decreto complementario al Decreto Ley y un reglamento que permitan el tránsito ordenado al nuevo marco del sector de la estiba en el que encajen la libertad de contratación solicitada por la Unión Europea con la salvaguarda de los derechos laborales de los estibadores. Dicho pacto ya fue firmado entre los sindicatos y la patronal mayoritaria (Anesco), que está pendiente de ratificarse para aclarar dudas como la subrogación laboral, jubilaciones anticipadas, formación, etc.
Según se recoge en la proposición no de ley, el Real Decreto Ley deberá suponer, una modificación del régimen regulador de las empresas de trabajo temporal para adaptarse a las especificaciones de la estiba.
La reforma de la estiba afecta a unos 6.100 trabajadores de todos los puertos españoles, de los que un tercio trabajan en el Puerto de Algeciras
Al mismo tiempo, el Gobierno quiere cerrar con patronal y sindicatos la redacción del Real Decreto Ley de la estiba para trabajar el punto de las empresas de trabajo temporal, entre otras cuestiones. El texto podría ser aprobado en Consejo de Ministros, pero antes tiene que tener el visto bueno del Congreso de los Diputados. Teniendo en cuenta que esta cámara se disolverá en las próximas semanas (tras el anuncio de elecciones), esta función será asumida por la Diputación Permanente, para no detener el proceso.
En el debate de la proposición, todos los grupos políticos han mostrado su apoyo a dar por concluida la reforma normativa. Por su parte, la patronal Anesco ha mostrado su satisfacción por el compromiso de los grupos políticos. En un comunicado difundido a los medios de comunicación, señala que "supone un paso adelante en la necesaria consecución de un marco legal que otorgue seguridad jurídica a esta actividad económica" por lo que valora de forma positiva el apoyo unánime de todos los partidos políticos.
La Comisión Europea está analizando el borrador del reglamento, con la posibilidad de que pueda ser visto y validado en unas semanas