El motivo de las inspecciones es una posible práctica anticompetitiva, consistente en la coordinación de conductas entre operadores en materia de precios y condiciones comerciales en la distribución de combustibles de automoción a través de estaciones de servicio.

No es la primera vez que la Comisión Nacional de la Competencia investiga estas supuestas práciticas delictivas. El sector de distribución de carburantes ha sido analizado en varias ocasiones, por lo que este organismo público ha emitido una serie de informes en los que se ha puesto de manifiesto "un problema de falta de competencia en el sector, tras constatar un aumento significativo en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas (antes de impuestos) más elevados que los registrados en países del entorno".

La Comisión Nacional de la Energía también ha hecho públicos varios informes de supervisión del alineamiento general de los precios de venta al público de los combustibles de automoción. Recientemente ha hecho público el inicio de un expediente informativo para determinar la causa del "efecto lunes" (bajada del precio del carburante entre el domingo y el lunes que se acompaña de una subida posterior a partir del martes, de forma injustificada), para identificar qué operadores pudieran ser responsables de estas actuaciones y comprobar si estas conductas se ajustan a la legalidad.

Las inspecciones están en su fase preliminar en el proceso de investigación y no prejuzgan la culpabilidad de las entidades inspeccionadas. No obstante, estas conductas se consideran como una infracción muy grave, que podría suponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de la imposición de la multa.