REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Ya han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, sobre todo el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía.
En este sentido, productores y distribuidores valoran de forma positiva la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad.
Del mismo modo, también consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.
Las asociaciones firmantes consideran que es necesaria mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar el fraude que tanto dañan al sector y a la sociedad
Asimismo, recuerdan la importancia de agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido. De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que, sólo en 2022, siete empresas dejaron de pagar al Estado 95 millones de euros.
En todo caso, consideran un buen punto de partida el RDL 8/2023, tanto por su exposición de motivos como por las medidas que incluye, y anima a la Administración a seguir avanzando en esa dirección. Para ello, Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI están trabajando ya en una batería de medidas que abordan desde el ámbito fiscal, entre otras cosas, para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad.
El objetivo es poner estas medidas en conocimiento de la Administración y tender la mano al Ejecutivo para trabajar juntos en todos los avances necesarios para frenar el fraude en España, y, en consecuencia, a garantizar la seguridad de suministro de combustibles, a preservar la competitividad del sector, la protección de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.