Las empresas que no cumplan con los periodos medios de pago legales no podrán acogerse a determinadas ventajas fiscales o en la cotización a la Seguridad Social. En las licitaciones públicas se exigirá a los grandes contratistas una certificación auditada del cumplimiento de los plazos legales de pago y habrá incentivos para aquellas empresas que adopten el régimen del IVA de caja.
Esta Ley contempla la implantación del Sistema Arbitral de Morosidad, para resolver conflictos entre empresas o entre una empresa y la Administración, y exigencias respecto a la transparencia en los plazos de pago. Además, el Observatorio de la Morosidad, del que formará parte la PMcM, asesorará, evaluará y colaborará con las instituciones privadas y públicas para la elaboración de estudios y propuestas de actuación.
Además se modificará el artículo 17 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y los aplazamientos de pago de productos frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de 30 días, mientras que para productos de alimentación no frescos ni perecederos, productos de gran consumo y resto de productos, el límite es de 60 días. A falta de plazo expreso, el pago se efectuará antes de los 30 días desde la fecha de entrega de los productos.

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