Según el Ejecutivo vasco, el Proyecto de Ley de Cooperativas aporta "mayor seguridad jurídica a las relaciones internas y externas de estas sociedades, que generan unos 47.000 empleos en el País Vasco", sobre todo en la industria y los seguros.
Si bien la mayor parte de la regulación no ha sido modificada, entre las aportaciones de la nueva normativa se destaca la reconfiguración legal de determinadas clases de cooperativas (vivienda y transporte, por ejemplo) para garantizar su ajuste al régimen orgánico y funcional cooperativo; el tratamiento aclaratorio de cuestiones de relevancia en el sector, como el supuesto de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, y la adaptación de la actividad de control y fomento cooperativo que ejerce la Administración al actual entorno jurídico, económico e institucional.