Respecto a los daños sufridos como consecuencia de las inundaciones ocasionadas por la DANA del 29 de octubre del pasado año, el Gobierno español ha aprobado, a través de tres paquetes de ayudas para paliar dichos efectos, tanto los ciudadanos como a las empresas y autónomos afectados con residencia en algunos de los 78 municipios afectados por la catástrofe, lo que ha dejado fuera a los miles de transportistas, al no estar domiciliados en dichos municipios, pese a haber sufrido importantes daños y pérdidas en los camiones y mercancías transportadas al desarrollar su actividad en las zonas afectadas.

En idéntica dirección parece apuntar el Gobierno valenciano, cuyo presidente autonómico ha anunciado que el 14 de enero el Pleno del Consell aprobará una línea a fondo perdido dotada con 250 millones de euros destinada “a las personas afectadas por la pérdida de su vehículo durante las riadas”, pero que en la práctica excluye a los transportistas, ya que las cuantías que conceden serán de 2.000 euros para turismos y furgonetas, 2.500 euros en el caso de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, 750 euros para motocicletas y 250 euros para ciclomotores.     

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