REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El Ministerio de Hacienda se ha comprometido a aprobar y publicar esta regulación en el plazo de una semana. El procedimiento seguirá un esquema análogo al ya establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el sector primario hace un mes.
Se espera que la tramitación de las solicitudes y los pagos correspondientes se gestionen ahora con la mayor agilidad posible. Tras meses soportando el impacto del incremento de los costes de explotación debido a la inestabilidad internacional, el sector del transporte confía en que el mecanismo diseñado por Hacienda sea sencillo y evite cargas burocráticas, garantizando que el apoyo económico llegue de manera efectiva a la mayor brevedad.
Según ha informado el Ministerio de Hacienda, sólo será obligatorio que presenten declaración responsable aquellas empresas que, por su tamaño, puedan sean beneficiarias de ayudas por encima de los límites establecidos por la Comisión Europea
La futura norma de Hacienda replicará los mecanismos de control y agilización ya validados en el sector agroalimentario, que se basan en declaraciones responsables en las que los transportistas manifestarán formalmente que cumplen con las condiciones de compatibilidad y los límites exigidos por el marco temporal europeo, con especial atención a las microempresas y pequeñas empresas que hayan estado en dificultades, bajo criterios de reestructuración o salvamento, habilitando ventanillas digitales con plazos estrictos en días hábiles para la entrega de la documentación.
Comienza el plazo de presentación de solicitudes de ayudas
En todo caso, los beneficiarios que quieran acogerse a las ayudas por encima de los límites establecidos deberán conservarán las facturas y registros correspondientes durante un periodo de diez años para facilitar las posteriores labores de control.
Conforme a la normativa europea, la ayuda directa podrá cubrir hasta el 70% de los costes adicionales de combustible provocados por la crisis internacional. En aquellos casos en que los transportistas no operen bajo el sistema de gasóleo profesional, se aplicará el límite sectorial máximo de 50.000 euros por empresa previsto en el marco comunitario, salvo que opten por justificar que han sufrido un sobrecoste en el precio de los carburantes superior al 70% respecto de los precios precrisis.