Las protestas de los ciudadanos franceses, que se han extendido por todo el país, han afectado enormemente al transporte ibérico al bloquearse numerosos tramos en Francia por parte de los llamados chalecos amarillos: pasos fronterizos, carreteras, centros logísticos, etcétera. Además de los retrasos en las entregas, los bloqueos que se producen desde mediados de noviembre pasado han provocado que varias empresas españolas se quedaran, literalmente, sin conductores para transportar sus productos en un momento en el que nuestro país pasa por serios problemas para encontrar chóferes.
La subida del precio de los carburantes en Francia, ahora pospuesta hasta junio, y sobre todo, la subida de los impuestos del gasóleo para equipararlos a los de la gasolina (como se hará en España) fue el detonante de las protestas de la clase media. A estas protestas se han unido diferentes intereses y reivindicaciones que cubren a la mayoría social (65% del apoyo ciudadano) y a todo el arco político, incluido en parte el propio partido del presidente de la República, Emmanuel Macron.
Pérdidas multimillonarias
Los daños causados por las protestas han provocado enormes pérdidas en Francia y se calcula que el sector agroalimentario puede perder en esta campaña hasta 1.300 millones de euros. Pero también el sector turístico ya ha acusado el impacto y ha previsto hasta un 10% de bajas en las reservas hoteleras de diciembre, así como hasta un 10% en las reservas de restaurantes en las principales capitales. En total, se estima que estas protestas pueden causar unas pérdidas de más de 10.000 millones de euros y una caída del crecimiento de la riqueza nacional francesa de un 0,1 por ciento.
Pero la crisis francesa también ha llegado a España. Según la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y a falta de un análisis completo, se estima que las retenciones y bloqueos están costando a las empresas españolas más de dos millones de euros al día. Y ello sin incluir los costes indirectos relacionados con las suspensiones de envíos o cancelaciones de contratos para las compañías que dan servicio a las empresas transportistas y exportadoras.
Las empresas agroalimentarias, de transporte de vehículos y maquinarias, las textiles o la industria química son las más afectadas por esta situación.
El Gobierno de España informó a principios de diciembre al Comité Nacional del Transporte por Carretera, CNTC, que se había entregado al gobierno francés distintas notas instándole a que adopten todas las medidas oportunas para garantizar con total seguridad la libre circulación de personas y mercancías. Pero para las asociaciones profesionales no ha sido suficiente.
Propuesta en firme
Así, desde distintas asociaciones se ha llamado la atención al Gobierno español para que influya en el francés y que, en todo caso, apoye al transporte por carretera en nuestro país. La Asociación de Transporte Frigorífico, ATFRIE y la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ASTIC, han dado la voz de alarma sobre un posible colapso del sector exportador. Hay que recordar que el 65 por ciento de la exportación española por carretera se queda en Francia y un 45 por ciento sigue camino a diferentes partes de Europa. Los 20.000 camiones españoles que cruzan en un sentido o en otro la frontera francesa a diario suponen un volumen de negocio de 12 millones de euros por jornada, lo que da idea de la implicación económica. Al menos un 15 por ciento de este volumen de negocio se está perdiendo diariamente en lo que se lleva de movilizaciones.
En un comunicado reciente, ASTIC señalaba que es fundamental que el Gobierno español respalde firmemente y con rapidez a las empresas de transporte internacional por carretera, vertebradoras del sector exterior de la economía española, pues a este paso, se van a colapsar los flujos de exportaciones e importaciones con desastrosas consecuencias para nuestra economía.
Las propuestas de la CETM
Por su parte, la CETM ha puesto sobre la mesa una propuesta al Gobierno para que palíe los efectos negativos de las protestas francesas en las empresas españolas. La propuesta se especifica en una serie de medidas técnicas y económicas temporales.
En primer lugar, se solicita el aplazamiento en la cotización a la Seguridad Social debido a contingencias comunes, tanto para las cotizaciones de los autónomos como de las cuotas empresariales correspondientes a los trabajadores por cuenta ajena que están empleados en el sector de transporte de mercancías por carretera. Y, lógicamente, sin que esto suponga el devengo de intereses a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social.
También se ha solicitado el aplazamiento de los ingresos a Hacienda a cuenta del IRPF y el de las obligaciones fiscales de las liquidaciones de IVA.
La CETM también ha solicitado la creación de una línea extraordinaria de tesorería para el sector del transporte instrumentalizada a través del Instituto de Crédito Oficial, ICO, con intereses y requisitos adecuados a la situación de precariedad actual del Sector.
Por último también se ha solicitado la intervención personal del presidente del Gobierno Español ante el presidente de la República Francesa y las autoridades competentes de la Unión Europea, para exigirles una actuación inmediata y contundente, que permita que se normalice la situación en las carreteras francesas y se garantice, tal y como se establece en el Tratado de Schengen, la libertad de movimiento de personas y mercancías.
Y ahora, los CDR
Si no había bastante con los bloqueos de los chalecos amarillos en el país vecino, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña se han unido a la protesta o más bien, se han unido al bloqueo de carreteras (esta vez catalanas) impidiendo el tránsito por la AP-7 a la altura de la localidad d LAmpolla (Tarragona).
Una creciente tensión y un infinito malestar, por parte de los conductores españoles retenidos a la fuerza, estuvieron a punto de provocar graves incidentes entre éstos y los chalecos amarillos catalanes, durante el segundo fin de semana del pasado mes de diciembre.
Debe tenerse en cuenta que las empresas de transporte del Levante y Sur español han sido las más perjudicadas, al estar en pleno auge la campaña de productos hortofrutícolas. A este respecto, las pérdidas económicas han provocado -y continúan haciéndolo- el cierre de no pocas empresas de las zonas mencionadas. En consecuencia, datos de las asociaciones territoriales afectadas estiman unas pérdidas iniciales superiores a los 12 millones de euros, tanto por las actuaciones galas como por las españolas (catalanas).
Indignación
La Confederación Española de Transporte de Mercancías, CETM, ha culpado directamente a los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña de estos graves sucesos, al permitir que los Mossos DEsquadra no intervinieran para despejar la autopista y otras vías adyacentes y garantizar la seguridad de las personas (los conductores en este caso), así como la libre circulación de los camiones. De otro lado, la CETM tampoco entiende la actitud del Gobierno central, al no haber presionado suficientemente a la Generalitat para que hiciera frente a sus responsabilidades, con la diligencia debida.
Revista Transporte Profesional