Ahora ha llegado el momento de dejar de predicar, y empezar a dar trigo, las expectativas generadas son altas, y a finales de año se verá que rumbo toman los acontecimientos, si realmente se adopta una postura consecuente con el pensamiento y las propuestas de hace unos escasos meses, o si se esconde tras el ya manido donde dije digo, digo Diego. El 30 de noviembre de este año vence la concesión de la AP-1 (Burgos-Armiñón) y el sector está expectante ante la decisión que se adopte, ya que va a marcar la línea a seguir.
No obstante, menos ambicioso que la gratuidad total de las autopistas de peaje ha sido la posición del sector del transporte ante los desvíos obligatorios de los camiones hacia dichas autopistas, cabe recordar que el sector ha mantenido que dichos desvíos fueran gratuitos, ya que se trata de desvíos que afectan directamente a la libertad de circulación y libre ejercicio de la profesión.
Estos desvíos obligatorios se producen en determinados tramos de carreteras convencionales y afecta a un determinado tipo de vehículos, los más pesados, por lo que dado el servicio estratégico y necesario que prestan a la economía y a la sociedad en su conjunto, resulta lógico que los desvíos tengan un carácter gratuito, sino sería tanto como poner un responsable y un precio a la seguridad vial, y sería tremendamente injusto que recayera sobre el transporte pesado de mercancías.
El inicio no ha sido muy halagüeño, ninguno de los dos máximos órganos de representación del sector ante la Administración, ni el Comité Nacional del Transporte por Carretera ni el Consejo Nacional del Transporte Terrestre fueron invitados a la toma de posesión del cargo cuando sí lo fueron otras entidades y personalidades, no obstante, esperemos que al nuevo Ministro, como al propio sector, le importen más los hechos que los gestos.
Mención aparte merecen los peajes de Guipúzcoa de la A-15 y la N-1, donde a pesar de que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco de fecha 9 de abril de 2.018 ha declarado su nulidad, el empecinamiento contumaz de la Diputada Foral de Infraestructuras Viarias de Guipúzcoa hace que se sigan aplicando, cuando la prudencia, la cautela y el sentido común invitan a pensar que se debería suspender su aplicación, lo cual, en un escenario de normalidad habría sido así, pero la petulante actitud que la Sra. Diputada Foral ha mostrado desde el inicio con el sector, se ha mantenido, y ahora con más sinrazón e insensatez si cabe.
La sentencia del TSJ es clara y contundente: se ha de concluir que la política foral de carreteras diseñada por la Diputación demandada con el propósito de reorganizar el tránsito de los vehículos pesados en su red de carreteras, no legitima un régimen de peaje que, como se ha visto, por razón de los tramos elegidos y la extensión de su recorrido, produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Gipuzkoa respecto del tráfico interior, en otras palabras, lo que se ha pretendido es perjudicar a los transportistas de otros territorios y beneficiar a los transportistas guipuzcoanos con el sistema de peajes que se ha implantado, produciéndose una clara y patente discriminación. De ahí se entiende la posición interesada y desleal que adoptaron las asociaciones de transporte guipuzcoanas cuando el sector adoptó medidas de movilización.
El nuevo Ministro de Fomento debe tomar nota que ante cualquier tentación de aumento de la carga impositiva para el sector, y más concretamente por la vía de los peajes, va a tener un absoluto y frontal rechazo, como también está sucediendo en la Rioja, con medidas que van más allá de las meramente judiciales.
Revista Transporte Profesional