Según Fegatramer, "eso no es del todo exacto, ya que en Galicia hay más de 8.000 vehículos con una masa máxima autorizada inferior a 7,5 litros a los que no se les devuelve nada. Por lo tanto, de los más de 44 millones de euros que se recaudarían a partir de enero de 2014 por este tramo autonómico del impuesto, el transporte sólo recuperaría, en el mejor de los casos, unos 24 millones de euros".

Además, aseguran que las empresas de transporte habrían de soportar varios costes extra, como el coste financiero del proceso, que podrían rondar los 500.000 euros al año, y el coste derivado de la nueva carga administrativa que conlleva la gestión de la devolución trimestral ante la Agencia Tributaria. Además, habría que añadir el coste de informatización de los depósitos de suministro, en el caso de que la empresa disponga de ellos, cuya incorporación será inviable en muchos casos por su alto coste.

"A todo ello habremos de sumar las cantidades que no se devolverán por circunstancias burocráticas, no disponer de certificaciones de estar al corriente en todo momento con Hacienda, Seguridad Social, Transporte, etc. O simplemente, no poder suministrar con tarjeta por no disponer del aval bancario necesario para que una petrolera la facilite" han señalado sus portavoces.

A juicio de Fegatramer, "todas estas circunstancias no han sido evaluadas con el rigor necesario y hacen que una medida ya de por sí rechazable, como es gravar con un impuesto una materia prima esencial para el transporte, lo sea, aún más, por cuanto discrimina a las empresas por el mero tamaño de sus vehículos".

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