El domingo 14 de febrero, el transporte de la Comunidad Foral de Navarra se manifestó contra dos medidas que el Gobierno regional ha promulgado: el fin de los módulos para las empresas de transporte y la inminente entrada en vigor de peajes en cinco vías de titularidad pública sólo a camiones.

Pese a que, en abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegal el peaje a camiones en la N-1 y la A-15 puesto en marcha en enero de ese mismo año, la Diputación Foral de Guipúzcoa ha seguido aplicando durante todo este tiempo el cobro a los más de 10.000 camiones que cada día transitan por ambas vías, con el argumento de que la decisión judicial no era firme hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la base del recurso presentado por dicha Administración y que aún está pendiente de resolución.

Navarra podría ingresar hasta 45 millones de euros anuales, con carácter finalista, si implanta peaje a vehículos pesados en vías de alta capacidad que a día de hoy no se encuentran concesionadas (A-10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68). Para la administración, se trataría de una alternativa que permitiría financiar en los próximos años obras urgentes, como la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, una actuación requerida por la Unión Europea, y la conversion de la N-121-A en una vía 2+1, así como el mantenimiento de estas cinco carreteras.

El Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea ha analizado la propuesta de modificación de la Directiva de la Euroviñeta con el fin de que se convierta en la herramienta de los Estados miembro para reducir las emisiones de carbono por parte del transporte por carretera.

El Defensor del Pueblo Vasco ha exigido a la Diputación de Guipúzcoa que modifique los procedimientos de gestión y cobro del peaje de la N-I y la A-15 "por no ajustarse a la legalidad vigente". Este organismo considera que el procedimiento sancionador y de apremio que aplica la Diputación de Guipúzcoa para exigir el cobro de peaje incumple la legalidad vigente, lo que obliga a su modificación.

Tras el acuerdo alcanzado entre los países que exigen el pago de una euroviñeta por la circulación de camiones por sus carreteras (Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y Suecia), las tarifas establecidas para comprar la viñeta se modifica entre un 10 y un 50%, mediante dos fases de implantación.