
Ante esta situación, la Asociación Navarra de Empresas de Transporte se ha visto obligada a mostrar "nuestra rotunda oposición a la implantación de dicho peaje, del cual no nos han informado ni dónde, ni cuándo ni, sobre todo, cuánto nos costará. No entendemos cómo esta medida se impone sólo al tráfico pesado y no al ligero, ya que el 72% de los vehículos que circulan por la N-121-A son turismos".
"Desde TRADISNA y ANET consideramos que esta medida es disparatada y discriminatoria, dado que afectará en mayor medida a las empresas y autónomos navarros. Para cobrar al transporte pesado que vienen de fuera de Navarra, van a perjudicar a todo el sector de la Comunidad Foral ¿Y qué pasa con aquel transportista de la zona?" se preguntan representantes de ambas asociaciones de transporte.
Según ANET, "esta medida puede tener consecuencias legales importantes, como está ocurriendo con los peajes de la N-I en Guipúzcoa"
Ambas asociaciones insisten en que "el sector del transporte ya está aportando lo suficiente a las arcas forales vía impuestos, con más de 250 millones de euros. Las infraestructuras son un tema social y, por lo tanto, deben de estar recogidas en los Presupuestos del Gobierno de Navarra, los cuáles, este año no reflejan la inversión necesaria para el mantenimiento de todas las carreteras".
"No hay que olvidar lo estratégico de nuestra actividad, sobre todo en estos días ante la situación de emergencia social que estamos viviendo por el COVID-19. Tanto los supermercados como las materias primas necesarias para la industria y los productos terminados necesitan de nuestra actividad. Somos imprescindibles, y medidas como ésta dificultan nuestra actividad y el desarrollo económico de Navarra" señalan los representantes de las patronales navarras de transporte.
El verdadero problema de la N-121
Tal y como han manifestado Policía Foral y Gobierno de Navarra en repetidas ocasiones, el verdadero foco del problema en la N-121-A se encuentra en la velocidad inadecuada, el consumo de alcohol y drogas y en la ansiedad por adelantar de manera indebida al vehículo pesado para llegar unos minutos antes al destino.
"Estamos observando un incremento de gasto social en distintas partidas presupuestarias (educación, salud, derechos sociales...), que entendemos necesario, pero nos preocupa que no se contemplen las infraestructuras como un beneficio para la sociedad. En los últimos años, los datos del Gobierno de Navarra muestran unos superávits de 241 millones de euros en 2017, 116 millones en 2018 y en 2019 de 101 millones, tras reducir en 148 millones de euros la deuda" señalan las asociaciones de transporte de Navarra.
Dado el alcance del problema, la afección social por el estado de las carreteras y la falta de desarrollo de nuevas vías, las asociaciones de transporte navarras solicitan a los partidos políticos la adopción de un “pacto navarro” para hacer frente a este reto: "este problema debe ser acometido con los Presupuestos de Navarra, con un acuerdo de partidos políticos para tener compromisos superiores a una legislatura. Una planificación estratégica y definitiva es la única solución".