Así, la primera reflexión que hizo Carmelo González, presidente de CONETRANS, tuvo que ver con la cada vez mayor presión que existe en la actualidad por parte de las autoridades pertinentes para el uso obligatorio para los camiones de las autopistas de peaje. De hecho, es conocido que la de Guipúzcoa será una realidad a partir del 1 de enero, al igual que se ha aprobado la utilizacion de la AP-68 en el tramo de La Rioja.
Por su parte, “ya se está hablando de la posibilidad de prohibir el uso de la N-240 entre Montblanc y Les Borges, y desviar el tráfico de vehículos pesados por la AP-2. También está pendiente el desvío a la AP-1, algo que tras el accidente que desgraciadamente se ha producido en Pancorbo (Burgos) recientemente, del que solo existen imágenes del camión involucrado, parece una posibilidad muy cercana. Dicho lo cual, tenemos que ponernos firmes para intentar evitar estas ‘obligatoriedades’, si bien no sé si el sector va a poder conseguir algo al respecto”. En cualquier caso, “es preciso proponer una reunión al Ministerio de Fomento para ver de qué manera podemos conseguir mayores descuentos cuando utilicemos dichas vías “, prosiguió.
En otro orden de cosas, Carmelo González se refirió a la falta de conductores profesionales, así como al endurecimiento de los convenios en aquellas provincias en las que no están vigentes en la actualidad, hasta el punto de que “en algunas de ellas se están planteando subidas mínimas de 1,6-1,7 % anual para los próximos tres años; pero el problema no es solo éste, en tanto que se está exigiendo reducción de horas anuales, incremento de días de asuntos propios, etc., de forma que si cuantificamos éstas y otras cuestiones, al final estamos hablando de más de un 20% de incremento salarial”.
En todo caso, “¿cómo hacemos atractivo el sector, subiendo salarios y queriendo estar al mismo tiempo estar en el mercado? El problema es que no somos capaces de repercutir en las tarifas dichos incrementos. Tenemos por delante un difícil camino”, prosiguió el presidente de CONETRANS.
No quiso Carmelo González dejar de referirse a la relación con los cargadores, sobre todo ahora que se van a retomar las conversaciones con ellos para tratar asuntos que llevan no poco tiempo encima de la mesa de negociaciones.
En este sentido, y en su opinión, “van a ser poco efectivas, ya que el único objetivo que tienen sigue pasando por las 44 toneladas, y después vendrán los 4,5 metros de altura y más tarde los 20,5 metros de longitud de los tráiler. En muchas cuestiones estamos de acuerdo, pero la última palabra la tiene el Ministerio de Fomento con su firma. De cualquier forma, hay que seguir hablando y negociando, si bien, a día de hoy, no ha habido cambio de criterio de ninguna de las partes”.
También se refirió González sobre las dificultades que tienen los profesionales españoles para hacer transporte internacional.
Un claro ejemplo de ello, “es lo que ocurre en Francia, en donde cada vez soportamos impedimentos de todo tipo para realizar nuestra profesión, relacionados, entre otras cosas, con el descanso en la cabina, los tiempos de conducción y descanso, etc. Además, somos objeto de más sanciones y nos piden más y más documentación. Igual tenemos que pedir al Ministerio de Fomento que hagamos lo mismo en nuestro país”, explicó.
A todo ello hay que sumarle otra serie de cuestiones, que determinan que no existan las mismas condiciones para todo el mundo a la hora de ejercer la profesión. “Ahí están las empresas-buzón o las falsas cooperativas. Lo que tiene que hacer la Administración es actuar de una vez por todas, y con criterio, para evitar las malas prácticas”, añadió el presidente de la Confederación.
Sobre el Reglamento de la LOTT, ROTT, Carmelo González informó que el borrador ha ido pasando los trámites establecidos y que “la previsión es que esté ya en aplicación en junio/julio de 2018, una vez se haya dado el visto bueno a las modificaciones que se proponen. Eso sí, cada vez hay una mayor presión sobre el mínimo número de camiones para acceder a la profesión. Si al final se impone un único vehículo para entrar al mercado, y sin antigüedad, nos hará mucho daño”.
Por otro lado, González dejó claro que no comparte para nada la “actitud” que tiene la Dirección General de Tráfico (DGT) con el sector, “ya que no nos tratan como profesionales. Siempre aparecemos como los más peligrosos (ahí está el anuncio que se ha emitido en las televisiones durante el verano), los que provocamos más accidentes y un mayor número de embotellamientos, no cumplimos las normas…, en definitiva, lo hacemos todo mal”.
En cuanto a la “Tramitacion electrónica” que puso en marcha el Ministerio de Fomento hace unos meses, Carmelo González, ya para concluir su informe, reconoció que, “dependiendo de la Comunidad Autónoma, ésta marcha más o menos bien”.
Eso sí, algunos de los representantes de las asociaciones provinciales presentes en la Junta Directiva de la La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera, alzaron la voz para dejar constancia de su mal funcionamiento y lentitud. Y es que existen casos tan flagrantes como que, en determinadas ciudades, y tras solicitar la organización correspondiente las tarjetas del tacógrafo vía telemática en el mes de mayo, aún hoy no las han recibido, con lo que ello supone para poder realizar la profesión sin problemas, y ello es algo que urge solucionar.