REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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En ella, el subdirector general de Mercados de Carbono de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), Ignacio Sánchez, explicó que “como sujetos pasivos del impuesto de hidrocarburo, las obligaciones no van al usuario final sino a los integrantes de la cadena de suministro, entre los que se encuentra el transporte. En 2025 habrá que empezar a monitorear las emisiones, pero no van a ser obligatorias y sancionables hasta 2027, para lo cual, habrá dos años para emitir y recibir notificaciones”.
También confirmó que España espera recaudar 6.800 millones de euros por derechos de emisión de CO2.
La directora general de Cliente de Repsol, Beatriz Mayo, explicó que todavía no se ha traspuesto la directiva europea al ordenamiento jurídico español, por lo que se está trabajando con un borrador. Repsol, como entidad regulada, tiene que entregar en 2028 el informe sobre los derechos de emisiones que produce. A esto, puso sobre la mesa dos dudas: “una: ¿seremos capaces de desgranar los volúmenes de venta de los carburantes si hay sectores exentos (como la agricultura y el ejército)? Y dos ¿qué coste tendrá el producto cuando se aplique el nuevo impuesto?”.
A Cristóbal San Juan, director de Desarrollo de OnTime le preocupa que todo esto se traduce en una palabra: obligación. “Hay que afrontar los riesgos inversores para los derechos de emisión, pero la Administración tiene que ajustar esa aplicación tecnológica, por lo que serán necesarios nuevos planes PERTE para vehículos industriales”.
El consejero delegado de la consultora Auto Mobility, Fernando Bernabé, aseguró que “nos enfrentamos a una situación compleja. Hay incertidumbre y falta de claridad. El tiempo pasa rápido y todavía no está la normativa aprobada. No se sabe lo que van a costar los derechos de emisión (solo que habrá un precio fijo los tres primeros años), pero luego estará a merced del mercado”.
Retos laborales y su impacto en las empresas
Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, fue la encargada de actualizar las últimas noticias sobre el Real Decreto que el Gobierno acaba de aprobar y que da prioridad a los convenios autonómicos al nacional (que, en el caso del transporte, sólo le afecta respecto al Acuerdo Marco). En su opinión, dicho Real Decreto “se ha cargado toda la estructura de la negociación colectiva y nos lleva a los últimos años del franquismo, lo que provoca un retraso social de 50 años. En este momento, reina el caos”.
“Las expectativas son malas porque el Gobierno se acaba de cargar los convenios estatales y nacionales de las empresas” Rosa Santos, directora del Departamento de Empleo de la CEOE
La negociación colectiva en el transporte de mercancías por carretera
Por último, la mesa redonda giró sobre la negociación colectiva en el transporte de mercancías por carretera, con la presencia de los sindicatos UGT (Diego Buenestado, secretario federal del Sector Carreteras, Urbanos y Logística), Francisco Vegas (secretario general del Sector de Carretera y Logística de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO), Manuel Pérezcarro (secretario general de FROET y CETM Frigoríficos) y Miguel Pereira (asesor laboral de la CETM).
Para Francisco Vegas (CCOO), “la negociación colectiva debe combatir la competencia desleal y la leal en la actividad móvil. Debe ir más allá de hablar del salario y la jornada. En CCOO queremos salir del modelo de negociación que nos ha traído hasta aquí”.
Por su parte, Diego Buenestado (UGT), “el transporte ha cambiado mucho en los últimos años, ya que se ha incorporado la logística y la última milla. En UGT estamos a favor del convenio laboral nacional, porque los 50 convenios que existen en España son una aberración. Esto dificulta la negociación colectiva y favorece la competencia desleal que perjudica a los trabajadores”.
Manuel Pérezcarro (FROET y CETM Transporte) señaló que “en este momento no es posible acceder a un convenio nacional porque hay tantas diferencias entre los 50 convenios provinciales que no se pueden unificar en uno solo. Se había iniciado el camino y ahora se ha vuelto a la casilla de salida”.
Miguel Pereira, que hizo un rápido repaso a la negociación colectiva hasta el momento actual, aseguró que “con el convenio estatal no es necesario uno autonómico, por muy bien hecho que esté. Por eso, la aprobación del nuevo Real Decreto es una mala noticia”.
La última ponencia corrió a cargo del presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que puso el valor el transporte de mercancías por carretera en la economía española: “es un sector imprescindible y así quedó patente en la pandemia, porque todo fluía y funcionaba gracias al transporte”. También se refirió a la sostenibilidad, de la que dijo “no es nada sin la rentabilidad, y viceversa. Hay que hacer una transición equilibrada y sostenible en el tiempo”.
