Según la Comisión Europea, los objetivos específicos de la intervención son garantizar un control y aplicación eficaces de las normas vigentes en los Estados miembros y garantizar una interpretación y aplicación coherentes de las normas.

El Ejecutivo seguirá tratando las denuncias relativas a la aplicación incorrecta de las normas cuando así se requiera y, en caso necesario, iniciará procedimientos de infracción contra los Estados miembros.

Las principales medidas para tratar este asunto serán:

• Revisar los puntos de referencia para establecimientos estables para garantizar que el establecimiento en un determinado Estado miembro sea efectivo y estable
• Introducir un número mínimo de controles de cumplimiento de las disposiciones sobre el cabotaje, eliminando la posibilidad de que los Estados miembros añadan requisitos adicionales para el establecimiento
• Mejorar el registro de empresas de transporte por carretera (ERRU)
• Eliminación del número máximo de operaciones de cabotaje (en la actualidad, tres), reduciendo el periodo máximo de las operaciones de cabotaje (en la actualidad, siete días)
• Cooperación reforzada entre los Estados miembros: establecimiento de requisitos mínimos para los controles transfronterizos de las disposiciones de establecimiento
• Apertura de los sistemas nacionales de clasificación de riesgos a otros Estados miembros

Estas medidas pueden implementarse a través de diversos instrumentos, como la publicación de notas de aclaración o de orientación, la creación de grupos de trabajo para compartir las mejores prácticas y la revisión del Reglamento. Ambos tipos de instrumentos serán considerados en la evaluación.