Según François de Rugy, ministro de Transición Ecológica de Francia, "estamos trabajando, al igual que otros países de Europa, en una especie de viñeta, en particular, para que los camiones extranjeros paguen de alguna manera, ya que muchos, ni siquiera repostan combustible en Francia, por lo que no pagan el impuesto de hidrocarburos, ni por el desgaste de las carreteras".

Además, Francia acaba de incorporar novedades a las condiciones de aplicación de la Ley que regula los trabajadores desplazados (Ley Macron). Primero, la norma se ha adaptado a los incrementos en las sanciones: las multas pasarán de 2.000 a 3.000 euros en la primera infraccción y, en caso de reincidencia (en un plazo de dos años), en lugar de ser de 4.000 euros, serán de 6.000 euros.

Y segundo, hasta ahora, las obligaciones derivadas de la Ley Macron se aplicaban a todas las empresas de transporte extranjeras que hacen desplazamientos de trabajadores a Francia, en la realización de transportes de cabotaje en ese país o haciendo transporte internacional con origen o destino Francia. A partir de este cambio legislativo, ya en vigor, la interpretación se modifica: las obligaciones de desplazamiento, como nombrar representante legal, hacer la declaración, pagar por encima del salario mínimo francés, etc. se aplicará sólo cuando el cliente está radicado en Francia.

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