Desde el 14 de febrero, la Ley Macron (por el nombre del ministro de Economía e Industria francés) incorpora una enmienda que pretende que todo conductor que efectúe operaciones de cabotaje con ocasión de una misión de transporte internacional, se beneficie de las normas sociales y del salario mínimo en vigor en Francia.

De esta manera, los transportistas extranjeros que hagan trabajar en Francia a conductores sin presentar prueba documental que certifique el salario mínimo en el país (9,61 euros por hora trabajada), podrán ser llevados a los tribunales franceses de los social acusados de "trabajo ilegal".

La ley establece una sanción de entre 150.000 y 500.000 euros por fraude al salario mínimo. Fracia estima en 200.000 el número de trabajadores ilegalmente desplazados en su territorio desde el extranjero.