REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El pasado mes de agosto el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el transporte, fruto de los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera que, entre otras, incluía la denominada Ley de Cadena del Transporte.
La nueva Ley, pionera en todo el ámbito de la Unión Europea, recoge algunas reivindicaciones históricas del transporte, sobre todo del colectivo de transportistas de base, como son la generalización de la formalización por escrito de los servicios de transporte así como la prohibición de su contratación, con el objetivo de proteger al último eslabón de la cadena de transporte (al transportista efectivo), emulando así los principios de la Ley de Cadena Alimentaria existente en el sector agrario.
Lo que alega Vox para declarar la Ley de la Cadena de Transporte inconstitucional
Pero el grupo parlamentario que ha planteado el recurso alega que las nuevas medidas legislativas aprobadas “afectan a la libertad de empresa”, ya que, a su entender, la actividad empresarial de transporte debe ejercerse en todo momento “en libre competencia y sin imposiciones sobre las decisiones empresariales”
En todo caso, aunque el recurso planteado ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, al haber cumplido todos los requisitos formales exigidos, sin embargo en ningún caso dicha admisión afecta a la plena vigencia de la norma, la cual no quedará suspendida en ningún caso por el recurso planteado.