REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Este plan de ayudas, que puso en marcha el Ministerio de Transportes en la década de los 90, se ha venido articulando como una medida de carácter social destinada a contribuir a la restructuración del sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros, lo que, a lo largo de estos años ha posibilitado que miles de transportistas hayan podido abandonar el sector debido a su avanzada edad o estado de salud, como alternativa a la falta de regulación de la jubilación anticipada en el transporte por carretera, pese a la reiterada demanda por parte de las organizaciones empresariales y sindicales.
La partida presupuestaria destinada por los sucesivos gobiernos a este plan no ha sido constante, sino que ha ido variando año tras año en función de las circunstancias económicas, pero, sobre todo, de la implicación y compromiso del ministro de Transportes de turno con el sector. Fue significativo el presupuesto para dicho plan aprobado en el año 2009, con un total de 120 millones de euros, y que posibilitó que casi 2.000 transportistas pudieran acogerse a dichas ayudas en plena crisis económica, aunque en los años posteriores el presupuesto destinado a dicho plan ha presentado también importes destacados, como los 60 millones dedicados en 2010 o los 42 millones en 2011, pese a la situación económica que atravesaba el país en esos años.
Dotación presupuestaria para el abandono del transporte
Este año 2022 el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dotó dicho plan con una partida presupuestaria de 20 millones de euros, tras los acuerdos alcanzados con las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera el pasado mes de marzo, lo que posibilitó que un total de 648 transportistas resultaran beneficiarios de las ayudas, aunque un 43% de los solicitantes quedaron excluidos por falta de presupuesto.
Para las asociaciones de transporte resulta incomprensible que, en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2023, el Gobierno plantee recortar a la mitad el presupuesto destinado a dichas ayudas, a 9´9 millones de euros, lo que contrasta con lo anunciado por la actual ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que calificaba el presupuesto de su departamento para el próximo año como” el más social de la historia”.
