
Esto ha venido ocasionando, desde la entrada en vigor de la medida restrictiva, graves problemas de sobresaturación e inseguridad vial en las tres únicas áreas de descanso existentes en los más de 200 kilómetros de la autopista, en concreto, las de Benicarló, La Ribera y Bajo Ebro que, entre las tres, suman menos de 90 plazas de aparcamiento para camiones, dificultando que los transportistas puedan realizar los descansos que por ley están obligados a hacer cada cuatro horas y media.
Pese a las reiteradas protestas de organizaciones de transportistas tanto a la DGT como al Servicio de Tránsito de Cataluña, ambos organismos siguen rechazando la posibilidad de que los transportistas puedan abandonar la autopista hacia la carretera nacional para realizar las labores de repostaje, avituallamiento o descanso. En ambos casos, les obligan a retroceder e incorporarse por la misma salida de la AP-7 por la que accedieron a la nacional, con la consiguiente pérdida de tiempo y de duplicación de kilómetros recorridos, lo que resulta irracional y contrario a los principios de eficiencia empresarial, más aun cuando, siendo gratuita la autopista tras el fin de la concesión, no reportaría ninguna ventaja a los transportistas aprovecharse de esta excepción al desvío obligatorio para circular por la carretera nacional, pudiendo hacerlo por la autopista.
Ni la DGT ni el Servicio de Tránsito de Cataluña aportan soluciones a un problema que atenta contra la seguridad vial
Las asociaciones de transporte alertan de la situación de inseguridad vial que se origina en dichas áreas de servicio, ya que ante la ausencia de espacio real donde aparcar, muchos transportistas se ven obligados a estacionar en los carriles de entrada y salida junto a la autopista con el consiguiente riesgo de que cualquier vehículo que transite por la vía pueda colisionar con los camiones allí aparcados, sin que a las Administraciones responsables de la seguridad vial aporten ninguna solución alternativa para resolverlo.