
En ese mes, las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 65% de los casos los excesos de plazo de pago fueron leves, con retrasos entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay todavía un 7% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022, en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados para el pago de los servicios de transporte, son la transferencia (70%), el confirming (25%), el pagaré (5%) y el cheque (<1%)
En otro orden de cosas, el pasado mes de abril el Parlamento Europeo aprobó en su último plenario su posición con relación al nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad, que establecía como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días, y el establecimiento de un régimen sancionador para todos los sectores económicos.
Sin embargo, el optimismo que había generado el texto aprobado por el Parlamento ha quedado desvanecido tras la propuesta de texto alternativo que ha elaborado el Gobierno belga al resto de Estados miembro, por ostentar la presidencia de la Unión Europea, teniendo en cuenta que para la aprobación definitiva del nuevo Reglamento europeo se precisa el acuerdo conjunto del Parlamento europeo y del Consejo.
Conforme al texto normativo elaborado por la presidencia belga, plantea múltiples modificaciones con el objetivo de “descafeinar” el texto aprobado por el Parlamento, entre otras, reconvertir la norma en una Directiva en vez de un Reglamento, lo que ocasiona una fragmentación de su aplicación, o la de ampliar el plazo máximo de pago a 30 días para numerosos sectores económicos, así como eliminar muchas de las medidas propuestas destinadas a dotar de transparencia a las relaciones comerciales entre las empresas.