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De la Serna quiere que un acuerdo en esta materia sea uno de los puntos principales del Pacto de Estado sobre Infraestructuras que el ministerio que preside promoverá en los próximos meses. Según Íñigo de la Serna, ya se han producido los primeros contactos.
En su opinión, "sería deseable alcanzar un cuerto acuerdo político, dado que se trata de una decisión sobre el futuro del país". Sobre estas vías, que tienen próxima la fecha de fin de concesión, el ministro ha asegurado que no se les ampliará el tiempo y que revertirán al Estado, quien será el que decida.
En la actualidad, se abre la vía para que se tome una decisión dentro de un acuerdo con las formaciones políticas dentro del citado Pacto de Estado de Infraestructuras. Esta negociación sería paralela al rescate de las nueve autopistas quebradas y su posterior relicitación. Una de ellas es la AP-1 Burgos-Armiñón (noviembre de 2018), pero también las autopistas AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz (ambas en 2019). Para 2021 culminará la concesión de la AP-2 entre Barcelona y La Junquera y la Zaragoza-Barcelona.
Fondos buitre, los nuevos propietarios
Íñigo de la Serna ha asegurado que cualquier acuerdo con los fondos sostienen la deuda de 3.200 millones de euros de las autopistas quebradas que "rescatará" el Ministerio de Fomento estará condicionado a que acepten una quita al importe que el Estado deberá pagar por su liquidación: "Cualquier acuerdo con los fondos pasa por conseguir una reducción de lo que tenemos que pagar por la liquidación de las vías porque, de lo contrario, estaríamos premiando a esos fondos".
Sin embargo, desde Fomento no se ve ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con dichos fondos ya que, en su opinión, "ya hubo un tiempo para eso. Ahora ya se está fuera de plazo. Si se produjera una oferta extremadamente atractiva, el Gobierno se pronunciaría, pero no creo que se produzca, porque en las negociaciones que, en su día, se mantuvieron con los fondos, las posiciones estuvieron muy alejadas".
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