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Detrás de estas movilizaciones se encontraba la desidia mostrada hasta ese momento por el Gobierno canario a las reivindicaciones de los transportistas insulares que llevan años planteando una regulación específica para el uso del tacógrafo en su territorio. Cabe recordar que el tacógrafo se hizo obligatorio en todas las Islas Canarias y las Baleares desde 2010, en virtud de un Real Decreto aprobado a finales de 2009 por el Gobierno central tras los acuerdos adoptados con los Gobiernos autonómicos de ambos archipiélagos, modificando la regulación existente que sólo obligaba a su uso en las islas de mayor tamaño.
Tal criterio se ha mantenido el pasado año tras la aprobación el pasado mes de septiembre del nuevo Real Decreto de actualización de las actividades de transporte por carretera exceptuadas de la utilización del aparato tacógrafo en desarrollo del nuevo Reglamento europeo sobre tiempos de conducción y descanso aprobado por la Unión Europea en julio de 2020.
Así, pese a que la normativa europea permite excepcionar el uso del tacógrafo a los transportes en islas de superficie inferior a 2.300 kilómetros cuadrados (lo que exceptuaría a todas las islas españolas a excepción de Mallorca) en la práctica, ni el Gobierno canario ni el balear han solicitado hasta la fecha al Gobierno español que haga uso de dicha previsión legal en sus ámbitos territoriales.
Los transportistas insulares, en contra de utilizar el tacógrafo
Los transportistas insulares, tanto canarios como baleares, consideran que la exigencia del tacógrafo en los transportes realizados en territorio insular, por su superficie tan reducida, sólo genera dificultades burocráticas e inversiones innecesarias que no se justifican por la existencia de problemas o incumplimientos de citada normativa, ya que las distancias recorridas son cortas y, por tanto, los tiempos de conducción son muy limitados.
En su opinión, no ha quedado probado que la obligación de uso del tacógrafo en las islas prevenga accidentes o infracciones, pero sí un efecto recaudatorio por las sanciones que se imponen
Tras dos meses de negociaciones con el Gobierno canario, las conversaciones se encuentran “en vía muerta” por la falta de concreción alguna de medidas, lo que ha llevado a los transportistas canarios a acordar la convocatoria de una paro del sector del transporte a partir del lunes 27 de Febrero con carácter indefinido, lo que podría paralizar la actividad en los puertos insulares, infraestructurales vitales para el desarrollo de la actividad económica de las islas.