El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el transporte por carretera aprobado a finales de 2021, unido a la actividad llevada a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito en los últimos meses, con una campaña de control llevada a acabo de oficio tanto a empresas cargadoras como intermediarias, están contribuyendo a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas.
Cerca de cumplir con la normativa sobre morosidad
El pasado mes de septiembre se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente al mes anterior, situándose por primera vez desde que se viene elaborando el Observatorio permanente de la morosidad que se elabora mes a mes en la Fundación Quijote para el Transporte, en 65 días, muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley.
En este mes de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 66% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay un 11% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022, en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo, por este orden, la transferencia (68%), el confirming (27%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).