REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La reclamación, que asciende a 100 millones de euros, tiene su fundamento en las actuaciones de vigilancia llevadas a cabo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) durante los últimos años, y que dio lugar a una primera resolución sancionadora, en julio de 2009, contra las tres principales petroleras que operan en España. Durante los siguientes años, la CNMC, a través de sucesivas comisiones de vigilancia constituidas al efecto, han estudiado si dichas prácticas se han seguido produciendo.
En sus resoluciones, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha constatado que las operadoras continúan incurriendo en estas prácticas, mediante los que fijan un precio de venta del combustible, en detrimento de las estaciones de servicio independientes, así como contra los intereses de los transportistas y de los ciudadanos en general, al restringir, presuntamente, la competencia entre las estaciones de su red y el resto de estaciones de servicio no abanderadas.
A modo de ejemplo, se constata que durante la pandemia provocada por la Covid-19, el precio del petróleo bajó en un 60%, mientras que el precio de los combustibles apenas lo hizo un 10%.
En la primera demanda colectiva interpuesta por 3.500 transportistas y autónomos ante los juzgados de lo mercantil de Madrid y Castellón, se ha reclamado un importe conjunto de 100 millones de euros, en concepto de daños y perjuicios que les ha supuesto la compra del combustible durante los últimos años, y que ahora la Justicia deberá dirimir si es cierto que existieron esos pactos.