
Así se desprende del Observatorio Permanente de la Morosidad que elabora cada mes la Fundación Quijote para el Transporte, y que se mantiene cerca del plazo de 60 días máximo. Hay que destacar que en el 79% de los casos, los excesos de plazo de pago fueron leves, esto es, entre 60 y 90 días.
Sin embargo, en el lado opuesto hay todavía un 4% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%. Esta mejora de la morosidad se traduce en que, desde que se aprobó el régimen sancionador contra la morosidad a finales de 2021, los plazos de pago se han reducido en 20 días de media.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo, por este orden, la transferencia (72%), el confirming (25%), el pagaré (3%) y el cheque (<1%).
A la espera de la nueva normativa europea sobre morosidad
Aún sigue sin ser aprobada la nueva regulación europea en materia de morosidad cuyo texto fue aprobado en abril del pasado año por el Parlamento Europeo, ante el rechazo que aún mantienen varios Estados miembro, por lo que no se estima que no se apruebe en la próxima reunión del Consejo Europeo que tendrá lugar en el mes de junio, coincidiendo con el final de Presidencia polaca de la Unión Europea, por lo que su tramitación se llevará a cabo durante la presidencia danesa en el segundo semestre del año.
Cabe recordar que el nuevo Reglamento europeo de lucha contra la morosidad establecerá como regla general la reducción del plazo máximo de pago a 30 días, así como el establecimiento de un régimen sancionador para todos los sectores económicos.