Las reivindicaciones planteadas a la Administración regional se centraron en los siguientes puntos: infraestructuras (áreas de descanso y servicio y suelo industrial), renovación de flota, apoyo y potenciación del funcionamiento de las Juntas Arbitrales de Transporte, mejora de la actividad inspectora y puesta en marcha del Observatorio de Costes del Transporte de Galicia.

En el área de infraestructuras, las asociaciones de transporte reclamaron a la Administración la ejecución del plan elaborado por la Dirección General de Transportes para establecer la obligatoriedad de que las vías autonómicas incorporen áreas de descanso. Y que en las áreas industriales se reserve suelo específico para las empresas de transporte.

Tambien pidieron crear líneas de apoyo financiero y de garantía para fomentar y permitir la renovación de la flota, sobre todo tras el envejecimiento derivado de la crisis económica, con la incorporación de vehículos menos contaminantes y consumos más reducidos.

El Comité Gallego de Transportes pidió priorizar el control sobre los grandes infractores, sobre todo en fraudes como uso de gasóleo b, carencia de autorización de transporte, manipulación del tacógrafo o no respetar los tiempos de conducción y descanso.

Además, se solicitó la puesta en marcha del Observatorio de Costes del Transporte de Galicia para mejorar la situación del mercado de transporte y facliitar las relaciones comerciales entre transportistas y porteadores.

Otros problemas expuestos fueron los surgidos en las pruebas de frenado de los camiones en la ITV y las necesidades relacionadas con la formación obligatoria de conductores en Galicia.