Según el presidente de la Plataforma Sectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, "la instauración de un régimen sancionador en el sector privado es clave para acabar de una vez por todas con esta lacra que merma la competitividad de nuestras empresas y que desde el inicio de la crisis se ha cobrado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido".

La plataforma está a la espera de recibir respuesta, por parte de la Unión Europea, sobre tres asuntos que considera importantes: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora, la metodología en el cálculo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas y el procedimiento de infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad.

Tras haber recibido varias quejas sobre retrasos en los pagos del sector público de España (entre ellas, la que formalmente le trasladó la plataforma), la Unión Europea abrió en junio de 2015 un procedimiento de infracción contra España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad que, a día de hoy, sigue activo.

En este sentido, Antoni Cañete ha declarado "viendo el gran trabajo que está realizando la Unión Europea en materia de impagos a proveedores, desde la plataforma multisectorial contra la morosidad confiamos en que las decisiones que tome sean favorables a nuestros intereses, tal y como hemos solicitado, por el bien de nuestras pymes y autónomos".

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