Las inspecciones suponen un paso previo preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de las entidades inspeccionadas.
En el caso de que se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a abrir un expediente sancionador. Los acuerdos entre competidores se consideran una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
La investigación de los cárteles constituye una de las prioridades de actuación de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, "dada la gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados", según el comunicado emitido por el organismo público.