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Según la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, “uno de nuestros compromisos con el transporte de mercancías por carretera es la adopción de un texto de proyecto de Ley para aplicar al sector los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo. Coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto-Ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto” ha explicado tras la reunión celebrada con el Comité Nacional de Transporte por Carretera.
El propio Comité Nacional pidió acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de costes. El acuerdo alcanzado en marzo prometía que el ministerio presentara al Comité, antes del 31 de julio de 2022, el citado proyecto de Ley, con el que se busca aplicar al transporte los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria.
Según Raquel Sánchez, “el Gobierno expresa su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes, y con medidas coyunturales relacionadas con la situación derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector del transporte”.
Qué medidas se han tomado para mejorar el transporte por carretera
El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes que los transportistas tienen que asumir, en los supuestos en los que se producen los mayores desequilibrios en esta materia.
De forma adicional, se está valorando revisar la regulación de la subcontratación en el transporte para evitar un uso abusivo y sus efectos perniciosos sobre el transportista efectivo, que ve mermada su retribución de forma injustificada por esta cuestión. También se incluirá la obligación de hacer los contratos por escrito.
De forma paralela a las medidas estructurales, el Real Decreto-Ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo. Se va a aprobar un crédito de 450 millones de euros para ayudar al transporte a paliar los efectos negativos de la crisis energética, debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.
Las ayudas directas, que se darán por número y tipo de vehículo, incluyen a los autobuses urbanos, con 950 euros de ayuda por vehículo. El desglose queda de la siguiente manera:
- Camiones: 1.250 euros por vehículo
- Furgonetas: 500 euros por vehículo
- Autobuses: 950 euros por vehículo
- Ambulancias: 500 euros por vehículo
- Taxis y VTC: 300 euros por vehículo
También se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que lo deseen puedan hacer un reequilibrio de sus contratos de transporte en autobús para poder compensar los costes extra que la subida de precio del combustible ha creado en estos contratos, aplicable tanto a los que prestan servicios de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.