Lunes, 06 Julio 2020

    Manuel F Rouco: proteger no es resolver

    Manuel F Rouco Manuel F Rouco Opinión

    A pesar de la rellegada de Sánchez a la secretaría general del PSOE, considerada por los politólogos una amenaza para la estabilidad del gobierno, el ROTT sigue su camino y no tardará mucho en saberse las reformas que el ministerio de fomento quiere introducir en la ordenación administrativa (política) del sector del transporte por carretera.

    Por lo publicado en la prensa, el sector solo quiere más protección y la Administración haciendo encaje de bolillos para dársela, pero que no se note mucho no vaya a enfadarse Europa. Eso sí, luego alardea de que reclama a la Comisión que los demás países no se protejan tanto perjudicando al transporte español. Lo que no quita para afirmar que la Unión Europea se ha vuelto cangrejo. De seguir poniendo restricciones a la libre circulación de personas (comunitarias) y mercancías (comunitarias) es posible que el brexit no sea solo inglés. Vulnerar los principios de las instituciones siempre ha traído como resultado la desaparición de la institución traicionada.
    Entre la incertidumbre europea y la interior, el transporte está casi de los nervios (no olvidar que el transporte es política común europea, es decir, que la UE manda más que el ministerio). De ahí que el ROTT se contemple, no sin contradicción, como aliviadero de las presiones europeas e instrumento ejecutor de las mismas. En el primer caso, desarrollando preceptos normativos sobre los máximos o mínimos fijados por la UE: cabotaje, más limitación sobre la que se fije; honorabilidad, paliando en la medida de lo posible los radicales efectos, acaso desproporcionados, previstos para su pérdida, penalizando tanto al capacitado profesional como a la empresa, en ambos casos con pérdida temporal de la autorización; acceso a la profesión, poniéndola lo más difícil que resulte posible, suprimiendo las excepciones contempladas para el autónomo;  el desplazamiento de los trabajadores y los salarios mínimos con la carga burocrática de su acreditación, más restricciones, sí, pero coordinadas, como si con ella resultaran menos restrictivas, aunque resulten más coherentes; la capacidad económica, que sea para ricos no para emprendedores ni empresarios. Y en el segundo caso, aplicar a derecho interno, con puntos y comas, las restrictiva y severa política europea del transporte.
    Únase a ello los temas domésticos pendientes, tal que la creación de áreas de descanso seguras para los camiones, de urgente necesidad ahora que los seguros no te pagan los robos si el conductor no se defiende como un rambo; los accesos a los puertos y a las terminales ferroviarias; la unificación de los tropecientos convenios laborales, que no hacen sino distorsionar la competencia al persistir las trabas burocráticas a los convenios de empresa; la imposición de peajes por  las autonomías por circular por carreteras nacionales que atraviesan su territorio, pagadas ya y mantenidas  con los impuestos de todos, gravando así al transporte y a las mercancías transportadas del resto de los españoles, como ya ha empezado y dispuesto la Diputación de Guipúzcoa. Hablando de esto, que la ley de unidad de mercado sea efectiva, que los responsables públicos de cualquier rango fomenten la actividad económica en vez de gravarla, como si se tratara de un lujo y no de un medio de vida y de riqueza para el país y los paisanos.
    El sector del transporte terrestre dispone de una estructura representativa potente, integrada por empresarios y profesionales cualificados, que, ante los periodos de grandes transformaciones, han acreditado su saber hacer, superando con acierto los momentos críticos, y lo han hecho aparcando las diferencias, a veces matices, y demandando lo razonable y común, no lo singular y privilegiado. De lo contrario, se acaba el tiempo y las ganas.

    Revista Transporte Profesional

    Número 375 - Junio 2017
    Este artículo completo ha sido publicado en la revista Transporte Profesional
     
     
    Número 375 - Junio 2017

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