Dicho compromiso se materializó en 14 cláusulas, entre las que destacan el cumplimiento de los pagos por el servicio en los plazos establecidos en la Ley del Contrato de Transporte y la Ley de Morosidad (que establece el límite en 30 días), teniendo que cuenta que el incumplimiento puede producir sanciones administrativas.

También se firmó la revisión de los precios del transporte en función del coste del combustible, y a aplicar de forma inmediata la cláusula de indemnización por paralización del vehículo y a fomentar la transparencia y seguridad de la cadena del transporte, regulando mediante una normativa concreta, el número de operaciones de transporte y transportistas que pueden intervenir en una misma operación, para evitar el abuso de subcontratación que a veces se produce.

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