En estos encuentros se les quiere hacer llegar a los políticos la "situación dramática" que están viviendo los transportistas del carbón y sus familias después de varios meses de inactividad de la central eléctrica de Endesa en As Pontes, con la pasividad de todas las administraciones y de la propia empresa. Y con relación a ello, la necesidad de que, por un lado, se implementen de forma urgente ayudas para las empresas transportistas afectadas, demanda que se hace llegar a la Xunta de Galicia, pero también al Gobierno Central.
A este último se le pide que no demore más las medidas para salvar una parte importante del tejido empresarial de Galicia, "medidas que tienen que ser urgentes, efectivas y prácticas: Para, por un lado, llevar a cabo una transición justa para las centrales como la de As Pontes y, por otro lado, para la pervivencia de las empresas electrointensivas gallegas, pues ello supone miles de empleos en Galicia, entre ellos, los del transporte por carretera" explican fuentes de la federación gallega.
Histórica problemática del transporte
También se les ha trasladado, al igual que se hará con los otros grupos parlamentarios, los problemas y demandas de un sector como el del transporte público de mercancías por carretera, vital y estratégico para una comunidad como la gallega, periferia de España y, por lo tanto, de Europa, "y maltratado por los cargadores, (con sus condiciones: de carga y descarga, paralizaciones, etc.), por los políticos (con sus medidas restrictivas y penalizadoras para todo lo que sea transporte por carretera, como si los camiones tuvieran la culpa de todo los que pasa en Europa), la contaminación, la inseguridad vial, y por la sociedad en general, (que no valora que cuando necesita algo para comer, vestir, curarse, etc., es posible, en gran medida, porque un transportista ha puesto un vehículo para que tenga en su domicilio, en la tienda o en el hospital las mercancías o productos que solicita)" señalan desde Fegatramer.
El transporte de mercancías por carretera sólo pide medidas y condiciones "justas, necesarias y de sentido común, para poder desarrollar de forma eficaz, legal y rentable su actividad de prestación de servicios de transporte y logística de las mercancías, vital para nuestra sociedad moderna: no a los peajes abusivos, sí a disponer de aparcamientos para los camiones y zonas de descanso para los conductores. No a 17 normas distintas en materia de tráfico y transporte en España, y sí a la aspiración de que las condiciones de trabajo, (seguridad, precios, normativas fiscales y de Seguridad Social sean dignas e iguales para todos los transportistas y en todas los puntos y comunidades del Estado)".