Ante esta propuesta, las críticas no se han hecho esperar. La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha manifestado su firme oposición sobre la base de dos criterios.
"En primer lugar, porque comportaría efectos perjudiciales inmediatos en la competitividad de toda la economía española, al encarecer el precio de todos los productos y dificultar las exportaciones como consecuencia de la situación periférica de España. Se trata de una medida inflacionista que afectaría de forma negativa al consumidor final, reduciendo su poder adquisitivo. En consecuencia, consideramos que esta medida lastraría todavía más la producción y el consumo, imprescindibles para salir de la crisis en la que nos encontramos".
"En segundo lugar, nos parece una propuesta totalmente discriminatoria e injusta, pues incide de forma desporprocionada en el transporte de mercancías por carretera, sector que, por otro lado, cubre sobradamente con sus impuestos los costes externos y de infraestructura que genera".
Para la CETM, la propuesta del presidente de la asociación Aseta, José Luis Feito, "es inadmisible, interesada y no ocasionaría ningún beneficio al conjunto de la economía española, representando una carga más para un sector como el del transporte, que está sumido en una profunda crisis desde hace más de cinco años, periodo que se ha saldado con la desaparición de 20.000 empresas y la destrucción de más de 60.000 puestos de trabajo".
Los máximos responsables de la CETM seguirán reclamando al Gobierno un trato equilibrado "que nos permita continuar prestando a la sociedad un servicio flexible, seguro y puntual que, al precio más competitivo, transporta el 85% de los productos que consumimos cada día, lo que le posiciona como una pieza clave para el desarrollo económico y social de España".