La Federación Empresarial de Auto Transporte de Tarragona, integrada en CONETRANS, ha querido desmentir la publicación de la noticia aparecida en la revista Transporte y Logística Terrestre.
"Desde el primer momento de creación del impuesto denominado "céntimo sanitario", FEAT denunció el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para la desconvocatoria del paro sectorial del transporte del año 2000, y el invento de disfrazar un incremento del impuesto de hidrocarburos como un nuevo impuesto con una pretendida finalidad socio-sanitaria" explica la asociación tarraconense, que sigue el caso de denuncia del céntimo sanitario de su cliente, Transportes J. Besora.
Según desvela FEAT en un comunicado, "a medida que el impuesto fue adoptado por diferentes comunidades autónomas para recaudar el tramo autonómico, asociaciones como FEAT se movilizaron para conseguir un impacto lo más neutral posible para los transportistas, obteniendo diferentes compromisos y líneas de ayudas para compensar, aunque fuera parcialmente, el sobrecoste soportado por el nuevo impuesto".
FEAT declara que, a raíz de los primeros informes sobre la no adecuación del "céntimo" a la legislación UE, "fueron enviados comunicados, circulares y se atendió a las empresas que pedían más información, o a las que pedían que se recomendasen despachos de abogados donde efectuar las reclamaciones. Para estos casos, en el supuesto de que la empresa no utilice un despacho de su confianza, FEAT recomienda el despacho Mallol Assessors, que está dirigido por un ex-secretario general de FEAT y que presta servicios profesionales de asesoría fiscal-económico-laboral y jurídica a nuestra propia federación".
Por ello, FEAT desmiente de forma rotunda que en la entrevista con la abogada Irene Mallol se mencionara el papel de las asociaciones, y se ha sorprendido al comprobar que se utilizaba el "céntimo sanitario" como "excusa para atacar de manera injustificada el papel de las asociaciones, como si éstas hubieran sido pasivas, y como si no llevaran muchos años luchando para minimizar las consecuencias de la creación de un impuesto que esperamos sea declarado por el Tribunal Europeo como no ajustado a Derecho".