
El sistema se aplicará a los proveedores de combustible para el transporte por carretera a partir de 2027, salvo si los precios del petróleo y el gas son especialmente altos, en cuyo caso, se retrasará un año.
Además, se establecerá un nuevo mecanismo de estabilidad de precios para garantizar que, si el precio de un derecho de emisión en el RCDE II sube por encima de 45 euros, se liberen 20 millones de derechos de emisión adicionales de la reserva de
estabilidad del mercado.
El texto prevé que los Estados miembros tengan la opción de eximir de forma temporal a los proveedores de la obligación de entregar asignaciones hasta diciembre de 2030 si tienen un impuesto sobre el carbono equivalente o superior al precio de subasta del sistema de comercio de emisiones.
Un sistema "más realista", según la IRU
El compromiso de poner en marcha el régimen de comercio de derechos de emisión para el transporte II en 2027 - frente a 2024, como apoyaba inicialmente el Parlamento Europeo, o incluso 2025 y 2026, como propuso en un principio la Comisión Europea – lo describe la IRU como “más realista, dado el ritmo previsto de desarrollo de las infraestructuras y la tecnología”.
Aunque la IRU no considera que este acuerdo sea un gran logro en el contexto de la descarbonización, sí considera conveniente que, al menos, se conceda un margen mayor en la transición a vehículos pesados de emisiones cero.
El RCDE forma parte del paquete "Fit for 55 in 2030", que es el plan de la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990, en línea con la Ley Europea del Clima.