La Comisión Europea ha calculado que la abolición permanente del Tratado de Schengen (el que permite la libre circulación de personas, mercancías, capitales y servicios) supondría para la Unión Europea pérdidas de entre 5.000 y 18.000 millones de euros al año. Además, las empresas españolas tendrían gastos adicionales de hasta 200 millones de euros anuales.

Para el comisario de Migración, Dimitris Avramopoulos, aunque la decisión de los ocho países de restablecer las fronteras ha sido conforme a la legalidad, "se trata de una medida excepcional y temporal, que hay que abandonar lo antes posible".

El plan de la Comisión para restablecer Schengen antes de que finalice el año pasa por varias etapas. El paso consiste en afianzar la idea de que "los migrantes económicos que llegan por vías irregulares no son bienvenidos". En un tiempo estimado de 45 días, Bruselas quiere sentar las bases para establecer canales legales de acceso a la Unión Europea y tratar de cortar las alas a los traficantes de personas.

La Comisión también espera que los Estados miembros y la Eurocámara adopten la propuesta de crear una guardia europea de fronteras antes de junio de 2016, para que pueda estar plenamente operativa a partir de entonces.

Otro de los planes es dar un apoyo inmediato a Grecia, para que la elevada presión en las fronteras exteriores no vuelva a poner en riesgo el Tratado de Schengen. Bruselas quiere acelerar los trámites para que las fuerzas del cuerpo europeo de fronteras puedan operar cuanto antes. En este sentido, los Estados miembros tienen 10 días para responder al llamamiento por recursos humanos y equipos técnicos.