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El principal cambio acordado es el retraso en la entrada en vigor de Euro 7, que busca sustituir y simplificar la normativa sobre emisiones que hasta ahora estaba separada para turismos y furgonetas (Euro 6) y camiones y autobuses (Euro VI). En un primer momento, la fecha de entrada en vigor era el 1 de julio de 2025 para los vehículos ligeros nuevos y el 1 de julio de 2027 para los pesados nuevos. Los 27, sin embargo, quieren que las nuevas normas entren en vigor dos años más tarde (2027 y 2029, respectivamente).
El objetivo de Euro 7 es reducir todavía más las emisiones de CO₂ de los vehículos entre 2025 y 2035, fecha en la que tendrán que ser “climáticamente neutros” (es decir, cero emisiones). Va más lejos también que las normativas anteriores, ya que no sólo aborda, como hasta ahora, las emisiones procedentes del tubo de escape, sino que, por primera vez en el mundo, también busca regular las de los frenos y los neumáticos.
Posiciones encontradas por el retraso de la entrada en vigor de la norma Euro 7
En líneas generales, el enfoque pactado por los 27 ministros de industria mantiene las condiciones de prueba y los límites de emisión existentes establecidos en Euro 6. Organizaciones como Transport & Environment, que agrupa a los principales defensores europeos de un sistema de movilidad con cero emisiones, se habían manifestado en contra de reducir las ambiciones originales de Euro 7 hasta hacerlas “irrelevantes” en detrimento de la salud ciudadana.
Por su parte, la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que llevaba meses reclamando el retraso de unas normas que, a su juicio, supondría un fuerte incremento de costes por encima de lo calculado por la Comisión Europea. Los fabricantes de automóviles consideran que "la nueva norma supondría un impacto alrededor de los 2.000 euros", lo que perjudicaba sobre todo a los vehículos más pequeños (y a la industria española), mientras que informes publicados por el Gobierno comunitario reducían el impacto a entre 90 y 150 euros por coche. Y lamentaban que la norma, tal y como estaba prevista en un principio, supondría tan solo una reducción de las emisiones de NOx del 4% adicional a lo que aporta actualmente la Euro 6.