
Dicho plan está siendo elaborado en los últimos años por una comisión de trabajo creada al efecto en el seno del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, en el que han participado representantes de las principales asociaciones de cargadores y de transportistas, así como de otras entidades públicas y privadas vinculadas a los diferentes modos de transporte.
El objetivo del plan es fomentar la intermodalidad ferrocarril-carretera en el transporte de mercancías en España, aprovechando sus potenciales económicos, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta que nuestro país cuenta con una de las cuotas más bajas de participación del ferrocarril en el transporte de mercancías, que apenas alcanza el 3% del total, frente al más del 90% de la carretera.
Para favorecer una mayor presencia de la intermodalidad, el plan incluye una propuesta de 12 medidas urgentes y otras 49 prioritarias en los ámbitos legislativo, organizativo, infraestructural y económico
Sin embargo, todo este trabajo ha caído en “saco roto” por la negativa de las asociaciones de cargadoras a apoyarlo, por hacer el documento una simple referencia a que el posible aumento de los pesos y dimensiones de los vehículos de transporte podría dificultar la cooperación de ambos modos de transporte e impactar en los costes diferenciales, teniendo en cuenta las limitaciones de la actual infraestructura ferroviaria.
Para paralizar su aprobación, las asociaciones de cargadores han ejercido por primera vez en la historia de funcionamiento del Consejo Nacional de Transporte Terrestre la posibilidad de imponer una “minoría de bloqueo” que impide sacar adelante el plan, pese a que contaba con el respaldo de la mayoría de sus miembros.