El Gobierno no ha podido llegar a un acuerdo con los bancos para sanear las cuentas de las concesionarias, por lo que será el Estado el que tenga que provisionar, de momento, 600 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2015.

Este es uno de los argumentos que ha utilizado la patronal de las constructoras (y ahora también de las concesionarias de autopistas) Seopan para presionar al Gobierno sobre la conveniencia de adecuar el plan de rescate a los intereses de los acreedores.

Uno de los casos más alarmantes es el de la AP-36, entre Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete), cuya quiebra oficial fue retrasada en varias ocasiones el pasado año por orden del Ministerio de Fomento, hasta que el pasado mes de febrero el juzgado mercantil de Madrid dictó su liquidación.